La Policía investiga si Podemos contrató a la escolta de Montero sin empresa de seguridad como obliga la ley

La Unidad Central de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid investiga si Podemos contrató a la escolta de Irene Montero sin mediar para ello una empresa de seguridad habilitada, tal y como obliga la ley vigente.

La trabajadora que demanda a la formación política por el trato “discriminatorio” de Montero afirma que los hechos se remontan al 25 de febrero de 2016, fecha en la que Podemos la contrató -según el escrito número 917/2019 del Juzgado de lo Social número 3 de Madrid- como “escolta personal en exclusiva” de Pablo Iglesias “tanto de la agenda oficial como de la personal”. Tras un año y medio de “viajes, pernoctas” y todo “tipo de desplazamientos” con el líder de la formación morada, la empleada pasó al servicio de Irene Montero, el 26 de septiembre de 2017.

Sin embargo, la ley vigente establece que la actividad de protección de personas, a título particular, “podrá ser desarrollada únicamente por escoltas privados integrados en empresas de seguridad”. Esto es, a través de especialistas proporcionados por empresas “inscritas para el ejercicio de dicha actividad” y que cuenten con la “autorización específica” del Ministerio del Interior para la contratación de servicios de protección.

Y para ello es necesario que se tramite la correspondiente solicitud ante la Unidad Central de Seguridad Privada de la Jefatura Superior de Policía de Madrid -dirigida al Director General- indicando expresamente la empresa de seguridad a la que se pretende encargar dicho servicio.

La Policía investiga ahora de oficio si dichos trámites y requisitos se cumplieron en el caso de la escolta contratada por Podemos y que trabajó para Pablo Iglesias, Irene Montero y Gloria Elizo hasta su despido, sin previo aviso, el pasado mes de junio de 2019.

Asociación Española de Escoltas

El expediente abierto a Podemos se produce tras una denuncia de la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad (ASES) ante la Dirección General de la Policía Nacional, al hilo de las informaciones publicadas esta semana en exclusiva por OKDIARIO.

“La contratación directa de este tipo de servicio incumple de forma muy grave la Ley de Seguridad Privada 5/2014” advierte ASES quien considera “de especial gravedad” que “este tipo de comportamiento” se dé “por parte de miembros del legislativo”.

La legislación “prohíbe la contratación de personas no habilitadas por el Ministerio del Interior para estas funciones”, estando previstas en estos casos “sanciones de hasta 600.000 euros” entre otras consecuencias.

Por este motivo la Asociación Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad anuncia que tiene previsto instar “a la Fiscalía” para que actúe en el caso de “la escolta de la diputada Dona Irene Montero”.

ASES “va a a hacer el adecuado seguimiento a este caso para garantizar la respuesta administrativa” y judicial correspondiente a unos hechos que considera muy perjudiciales para la reputación del sector y los profesionales que prestan servicios, de forma legal, en el mismo.