Podemos excluye el ‘caso Dina-Iglesias’ y la connivencia con el fiscal de su comisión trampa en el Congreso

El grupo de Unidas Podemos ha excluido el caso Dina-Iglesias de la Comisión de investigación que ha registrado en el Congreso de los Diputados junto a ERC, PNV, Bildu y otras formaciones políticas sobre «espionaje a líderes políticos e instituciones». Entre los partidos firmantes no está el PSOE, socio de los morados en el Gobierno bipartito.

Para la formación del círculo y sus aliados nacionalistas y separatistas no hay nada que indagar sobre los motivos por los que Pablo Iglesias retuvo durante meses la tarjeta SD de su ex asesora Dina Bousselham. Tampoco sobre la presunta connivencia entre los letrados de Podemos y el fiscal Ignacio Stampa en esta pieza de la Operación Tándem a la que apuntan los chat internos del antiguo equipo jurídico de los morados publicados en prensa.

En concreto, el texto de esta iniciativa, registrada ayer en el Congreso y a la que tuvo acceso OKDIARIO, ni siquiera menciona el nombre de Dina Bousselham, ex asesora de Iglesias en el Parlamento europeo y en la Secretaría general de Podemos y ahora directora del panfleto La Última Hora, instrumento de propaganda de la formación morada. El grueso de las seis páginas que piden crear dicha comisión de investigación está dedicado a otro asunto distinto: el supuesto espionaje al presidente del Parlament, el Roger Torrent (ERC), con un software llamo Pegasus y fabricado por la compañía israelí NSO.

De hecho, la exposición de motivos comienza así: «Según lo publicado por los periódicos ‘The Guardian’ y ‘El País’ parece ser que algunos líderes políticos catalanes fueron objeto de un espionaje ilegal a través de sus teléfonos móviles».

En cambio, lo relativo al líder de Podemos es despachado de esta forma: «Además, también es sabido que el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, así como centenares de personalidades del mundo empresarial han sido presuntamente objeto de seguimiento, espionaje y monitorización ilegal durante años por personas relacionadas con departamentos públicos».

Iglesias es presentado aquí como víctima, condición que ya le ha sido retirada en la Audiencia Nacional, y en ningún momento se alude a Dina ni a la tarjeta SD de su teléfono móvil retenida por el líder de Podemos durante meses para «proteger» a la joven, según su versión. También la tuvo en su poder el entonces subdirector de la revista Interviú, Alberto Pozas, luego  número 2 de la Oficina de Comunicación de La Moncloa con Pedro Sánchez e imputado por el juez Manuel García-Castellón en esta pieza.

Durante un acto de las elecciones gallegas el pasado 5 de julio y cercado por las informaciones sobre el caso Dina-Iglesias, el secretario general de Podemos llegó a decir que él iría a «esa comisión de investigación a que la derecha, la ultraderecha y la ultra ultraderecha nos hagan las preguntas que quieran». De momento, el texto presentado ya avanza cuál será su línea de defensa en este órgano: negar cualquier conducta delictiva por su parte y poner el foco en Villarejo. Y ello, pese a estar obligado por ley a decir la verdad en este tipo de comisiones.

«El caso más escandaloso —prosigue el texto de la iniciativa— ha sido el del ex comisario de la Policía Nacional José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, que asegura tener en su poder miles y miles de hora de grabación de conversaciones telefónicas, así como informes que comprometen a instituciones y personas individuales».

Además de Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu, la solicitud para la creación de una «Comisión de investigación sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad de líderes políticos, instituciones y personas individuales por parte de estructuras públicas del Estado» lleva la firma de Junts per Cataluña, la CUP, Compromís, BNG y Más País-Equo.

Segunda parte

El texto también señala que «a día de hoy no se ha dado respuesta aún sobre las actuaciones llevadas a cabo por parte de los poderes públicos en relación a la asunción y depuración de responsabilidad por lo concluido en la Comisión de investigación del Congreso sobre las denominadas cloacas de Interior». De esta forma, tales fuerzas políticas quieren hacer una especie de segunda parte de dicha Comisión desarrollada en 2017 sobre el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz (PP). Aquí se abordó, entre otras cuestiones, la conversación grabada en el despacho de Fernández Díaz con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso.

El secretario primero del Congreso y diputado del grupo de Unidas Podemos-En Comú-Galicia En Comú, Gerardo Pisarello, ya dijo el pasado martes en rueda de prensa y a pregunta a OKDIARIO que para la formación morada y sus confluencias «no hay caso Dina, sino caso Villarejo», desviando así el foco de Iglesias, la tarjeta de su ex asesora, la presunta confabulación de la letrada de Podemos Marta Flor con el fiscal anticorrupción Ignacio Stampa y la sospechosa construcción de un relato sobre «robo parapolicial» que se está volviendo en contra del vicepresidente del Gobierno y los suyos.

De momento, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ya ha retirado al líder de Podemos la condición de perjudicado y ha cursado una comisión rogatoria a Reino Unido para contactar con la empresa a la que Dina y su actual marido, Ricardo Sá Ferreira, remitieron la tarjeta SD dañada tras recibirla de Iglesias. Además, la Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias de investigación penal al fiscal Stampa por un presunto delito de revelación de secretos tras una denuncia de Vox. La formación de Abascal atribuye tanto a éste como a Iglesias, Bousselham y Flor la comisión de hasta seis delitos: denuncia falsa, falso testimonio y simulación de delito, estafa procesal, tráfico de influencias y revelación de secretos.