La petrolera venezolana entrega a la juez nuevos documentos que acreditan el nexo chavista con Garzón

La petrolera venezolana PDVSA (Petróleos de Venezuela) ha presentado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón nuevos documentos que acreditan que la narcodictadura bolivariana tiene contratado los servicios jurídicos del ex juez Baltasar Garzón. OKDIARIO ha tenido acceso a los escritos presentados por Petróleos de Venezuela S. A., a través de su filial Bariven, por los que otorga un poder especial para pleitos a cinco letrados del bufete Ilocad, del que es administrador y socio único el ex juez expulsado de la carrera judicial por prevaricar.

Estos documentos fueron aportados el pasado 2 de noviembre en el Juzgado Central de Instrucción número 3 en el que se investiga el saqueo de la estatal venezolana. El escrito denominado República Bolivariana de Venezuela Bandes Notaría Interna señala: «Por medio del presente documento declaro que otorgo poder especial a los ciudadanos siguientes de Madrid (España): Victoria Pérez Mulet, Virginia Aragón, Candela Estévez, Aitor Martínez, Pedro Javier Díaz, Rosa Catena, Clara Torres y Guillermo Medina».

Las dos primeras son procuradoras; los otros cinco trabajan en el despacho de Garzón y el último es socio de Olleros Abogados. El acta notarial está firmado por Anabella del Valle en calidad de «representante judicial de Bariven, filial de PDVSA». Fuentes consultadas por OKDIARIO señalan que el ex juez, con el fin último de no aparecer en el contrato firmado con la petrolera chavista, compromete a sus trabajadores que aparecen expuestos en la relación mercantil entre ambas empresas.

El jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia del chavismo, Hugo El Pollo Carvajal, también entregó al juez Manuel García-Castellón otros documentos que demostraban el nexo chavista con Garzón. El militar venezolano entregó un documento que revelaba que el ex juez cobró presuntamente 8,8 millones de la petrolera estatal. El contrato desglosaba una partida de 1,9 millones del montante por «coordinación con la Fiscalía». En la actualidad la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, es pareja de Baltasar Garzón.

Esta documentación que obra en poder del Juzgado Central de Instrucción número 6 reflejaba una solicitud de contratación al bufete Ilocad SL, del que es dueño Baltasar Garzón Real desde el 15 de noviembre de 2016. El documento aparecía firmado por el entonces comisario principal de petróleos de PDVSA, Silvestre Molero, y el ex presidente de la petrolera venezolana Eulogio del Pino y reflejaba la aprobación del desvío de 8.835.000 euros al despacho del ex juez.

Del total, 1.980.000 euros estaba destinado a la «coordinación con la Fiscalía y tribunales de España a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial. Facturado según el avance de las diferentes comparecencias ante el tribunal de las personas acusadas». Esta última partida es muy relevante, puesto que en la actualidad el despacho Ilocad SL continúa ejerciendo la representación letrada de PDVSA y la Fiscalía con la que iba a «coordinarse» está en manos de la actual pareja de Baltasar Garzón, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación por Ilocad SL, el ex juez faltó a la verdad. Garzón aseguraba que el bufete de abogados estadounidense Squiere Patton Boggs le contrató. «Es quien ha llevado la defensa a nivel mundial de los intereses de PDVSA y su filial Bariven», explicó.

Sin embargo, los documentos que acaba de entregar la responsable judicial de la petrolera a la juez María Tardón, que ahora revela en exclusiva OKDIARIO, desmontan los argumentos utilizados por Garzón para exculparse, puesto que la filial de PDVSA, según muestran los informes, otorga directamente el poder para pleitos a los abogados que trabajan en el despacho del ex juez.