Sánchez admite a OKDIARIO que tiene acciones en Red Eléctrica pese a que regula el mercado

Pedro Sánchez ha admitido a OKDIARIO que mantiene 5.550,40 euros en acciones en la empresa Red Eléctrica de España. Aun así, el presidente socialista promueve legislaciones desde el Consejo de Ministros sobre el sector sin abstenerse, como le obliga la normativa.

El artículo 12 de la Ley del Alto Cargo de la Administración General del Estado establece que «los altos cargos del Gobierno –incluyendo el presidente– deben ejercer sus funciones y competencias sin incurrir en conflictos de intereses y, si considera que lo está, debe abstenerse de tomar la decisión afectada por ellos». 

Precisamente, Sánchez inauguró este miércoles el eje eléctrico Caparacena-Baza, en Granada, acompañado de la presidenta de Red Eléctrica, la ex ministra socialista Beatriz Corredor. El jefe del Ejecutivo celebró que esta infraestructura permitirá crear 8.700 empleos asociados, atraer industria y combatir la despoblación. «Servirá para poner en el mapa eléctrico a Andalucía oriental, y renueva y potencia el desarrollo económico y social de la zona», destacó Sánchez.

Recurso

Sánchez ha intentado por activa y pasiva bloquear el acceso a la información sobre sus acciones. La petición de OKDIARIO para que el presidente del Gobierno aclarara si mantenía las acciones en Red Eléctrica se retrotrae al 19 de octubre del año pasado. Entonces, este periódico se dirigió al Ministerio de la Presidencia para solicitar «el desglose del patrimonio financiero de Pedro Sánchez», es decir, «la relación de empresas en las que el presidente tiene acciones». En su declaración de bienes oficial recogía un apunte de 5.550 euros en acciones, pero no especificaba de qué empresas.

El Ministerio de Hacienda, a través de la Oficina de Conflictos de Intereses, aseguró a este periódico que sólo se podían dar los datos del patrimonio financiero de Sánchez sin desglosar, «omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares».

Ante esta negativa, OKDIARIO acudió al Consejo que vela por el cumplimiento de la Ley de la Transparencia, que estimó la reclamación. Este órgano oficial instó a Hacienda a remitir, en un plazo máximo de 10 días, «la relación de empresas en las que el presidente del Gobierno tiene acciones». Avisó de que, en este caso, no se apreciaba «límite alguno que restringiera el acceso a la información» y destacó el necesario «equilibrio entre la protección de los derechos de la esfera privada de los altos cargos y la finalidad de garantizar el ejercicio del cargo».

Al cumplirse el plazo, el ministerio que dirige María Jesús Montero -vicesecretaria general del PSOE-, en lugar de dar acceso a la información requerida, decidió recurrir ante la Justicia la resolución del Consejo de Transparencia, utilizando así los recursos públicos de la Abogacía del Estado para proteger al presidente.

El caso, como procede, recayó en la Audiencia Nacional y, en concreto, en el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid. La juez María Lourdes Pérez Padilla iba a ser la encargada de resolver sobre esta controversia, pero, finalmente, el Ejecutivo cedió y remitió a este periódico un documento oficial en el que señalaba «que el presidente del Gobierno manifiesta no tener ningún inconveniente en dar acceso a la información solicitada».

Más de un año después de hacer la petición de información y tras un procedimiento judicial abierto, el Gobierno asegura: «La información recogida en el epígrafe Acciones y participaciones en capital social o en fondos propios de entidades jurídicas no negociadas por un importe de 5.550,40 euros, se corresponden en su totalidad con acciones de la empresa Red Eléctrica Española».

Pese a ello, Sánchez no se abstiene en la legislación sobre el sector. Según una respuesta oficial del Ejecutivo a OKDIARIO, en lo que va de legislatura se han registrado 13 abstenciones por conflictos de interés. La mayoría, incluyendo una por parte de Sánchez, tuvieron lugar en «la reunión del Consejo de Ministros del 2 de noviembre de 2021» en la que se aprobó «el Real Decreto de subvenciones a fundaciones y asociaciones vinculadas con partidos políticos con representación en las Cortes». También figuran abstenciones de Irene Montero sobre el indulto a su amiga Juana Rivas, de Isabel Rodríguez sobre un acuerdo referido al municipio en el que fue alcaldesa (Puertollano) y de Reyes Maroto en decisiones que afectan a Naturgy, donde trabajó su marido. Ni rastro de inhibiciones de Pedro Sánchez en los numerosos acuerdos del Consejo de Ministros que afectan al sector eléctrico donde opera Red Eléctrica.