El Parlamento Europeo investigará en Cataluña la persecución del castellano en los colegios

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará una misión a Cataluña para analizar la discriminación del castellano en la escuela catalana. Así lo ha anunciado la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB).

La AEB participó el 29 de octubre ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para denunciar la discriminación que sufren a diario los castellanohablantes en el sistema educativo catalán.

La presidenta de esta asociación denunció «la exclusión del español en las escuelas en Cataluña» y expuso las conclusiones del estudio de los proyectos lingüísticos, que elaboró la AEB, después de analizar el 95% de los centros públicos catalanes.

Ante esta situación, la AEB reclamó al Parlamento Europeo su intervención ante la vulneración de los Tratados de la Unión y de la Carta de Derechos Fundamentales.

A finales de junio, la Comisión Europea dijo que «corresponde a los Estados miembros velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales», en relación a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir, como mínimo, el 25% de las clases en español.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, apuntó que es obligación de los distintos países asegurar que se respeten las órdenes de la Justicia. Cabe recordar que el Govern independentista ha afirmado que no acatará la sentencia que garantiza los derechos de los alumnos castellanoparlamentes e incluso ha dado instrucciones a los directores de los centros para que la incumplan.

Reynders recuerda que «los estados miembros son responsables de regular el estatuto jurídico y el uso de las lenguas nacionales y regionales en su territorio» y que «la Comisión garantiza, en el marco de sus competencias, el respeto a los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, incluido el derecho a la no discriminación por razón de lengua y el respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística».

Hasta el momento, el Gobierno de Sánchez ha descartado exigir a la Generalitat el cumplimiento de la sentencia. Y ello, pese a los reiterados desafíos de los dirigentes independentistas.

El Govern ha maniobrado para evitar su aplicación e incluso recientemente, aprobó un decreto que establece expresamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza.

Además, la Generalitat ha remitido unas instrucciones a los directores de los centros para que no apliquen el 25% de las clases en castellano. En ellas, se pregunta al equipo directivo si «el proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».

Asimismo, como reveló OKDIARIO, el Gobierno separatista se queja de que los alumnos hablen entre ellos en español y pretende extender su control a patios, comedores y actividades extraescolares.