El Parlamento Europeo aplaza a enero el suplicatorio de los fugados Puigdemont, Comín y Ponsatí
Carles Puigdemont solicitó un aplazamiento a enero de su comparecencia en el Parlamento Europeo que el órgano comunitario le ha concedido. De esta forma, el expresidente de la Generalitat fugado y eurodiputado por Junts per Catalunya, ha hecho inviable que se levante su inmunidad antes de las elecciones en Cataluña. La declaración estaba prevista, en un principio, para el mes de diciembre ante la comisión del Parlamento que debe decidir sobre su suplicatorio.
El cambio de fecha, decidido el pasado viernes tras una petición del propio Puigdemont, también se aplicará a los expedientes de los otros dos eurodiputados de JxCAT, Toni Comín y Clara Ponsatí, a los que el Tribunal Supremo de España quiere juzgar pero cuya inmunidad parlamentario se lo impide.
De esta forma queda anulada la cita que tenía Puigdemont para el próximo 7 de diciembre y la declaración de los otros tres líderes independentistas, que se celebrará el 14 de enero. Este aplazamiento retrasa un proceso que requiere de varios meses para que los órganos competentes lleguen a una conclusión.
El proceso comenzó el pasado 16 de noviembre, cuando la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) activó formalmente el expediente con un breve debate para que el ponente de los tres informes presentara el caso.
El equipo legal que asesora a los tres eurodiputados de Junts-Lliures per Europa han diseñado un plan de defensa basado en acusar a España de «persecución política» contra ellos, a la vez que argumentarán que los delitos de sedición por los que la Justicia española les reclama no existen en otros Estados miembro de la Unión Europea.
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de ‘fumus persecutionis’, es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es «perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución».
En cualquier caso, la tramitación de los suplicatorios en el Parlamento europeo es un proceso largo que exige varias reuniones para asegurar la defensa de los reclamados, el debate de la comisión competente y la votación tanto a nivel de comisión como de pleno, por lo que todas las estimaciones apuntan a que se extenderá «al menos cuatro meses» y que podría incluso alargarse más.
Alargar más allá de las elecciones su inmunidad
En la práctica, el aplazamiento concedido a Puigdemont hace «imposible», según fuentes europeas consultadas por Europa Press, que la Eurocámara responda al Tribunal Supremo español antes de que se celebren las elecciones catalanas, previstas para el próximo 14 de febrero de 2021.
En los tres expedientes, el encargado de redactar el informe que recogerá la opinión de la comisión parlamentaria que, en última instancia se someterá a la votación del pleno, es el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Los tres fugados de la Justicia española (Puigdemont, Comín y Ponsatí) argumentan, en su defensa contra el suplicatorio que se les exige, que consideran irregular que un mismo eurodiputado, refiriéndose a Dzhambazki, sea quien se encargue de sus tres expedientes.
El reparto de los ponentes encargados de cada suplicatorio se realiza por turnos entre los distintos grupos parlamentarios y en esta ocasión la responsabilidad recayó sobre un diputado que comparte grupo con la delegación de Vox, pero también con los nacionalistas flamencos de la N-VA, muy cercanos y simpatizantes de la causa independentista catalana.
Las reglas de la Eurocámara, además, obligan a tramitar los expedientes de los suplicatorios a puerta cerrada para hacer valer una estricta confidencialidad que complicó que se pudieran discutir durante la pandemia, porque la actividad parlamentaria quedó relegada fundamentalmente a contactos por videoconferencia.
Sin embargo, los servicios legales del Parlamento europeo dieron recientemente su visto bueno a que se retomaran estos casos para su tramitación por vía telemática como respuesta excepcional a una situación extraordinaria, lo que ha aprovechado la comisión de Asuntos Jurídicos para relanza el caso de los políticos independentistas pero también otros suplicatorios, por ejemplo los que afectan a los democristianos portugueses Álvaro Amaro y Nuno Melo.
El grupo de Los Verdes europeos y la Izquierda Unitaria plantearon dudas respecto a las garantías de confidencialidad que puede ofrecer un procedimiento que se va a desarrollar por videoconferencia, aunque estas reservas no se tradujeron en ningún bloqueo y el proceso sigue adelante.
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