El novio de Ayuso pide 4 años de cárcel para García Ortiz y una indemnización de 300.000 €

• Paula M. Gonzálvez @pmgonzalvez
• Periodista. Portadista y redactora. Formada en Criminología, Marketing Editorial y Cine. Email: paula.mgonzalvez@okdiario.com
• • 19/06/2025 11:39
  • Actualizado: 19/06/2025 12:54

Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha solicitado una pena de 4 años de cárcel para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, además de una indemnización de 300.000 euros por los daños morales. González Amador ha pedido al Tribunal Supremo que le condene por un delito de revelación de secretos, en relación al correo que presuntamente filtró sobre la investigación por delitos fiscales que afecta al primero.

En el escrito remitido al Supremo, González Amador reclama tres condenas más para Álvaro García Ortiz: la suspensión de empleo y sueldo por un periodo de 3 años, la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general del Estado y una multa de 108.000 euros.

Respecto a Pilar Rodríguez, la fiscal jefa provincial de Madrid también procesada, solicita que se le imponga una condena de 3 años de cárcel, una multa de 36.000 euros y, como a García Ortiz, la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo que ocupa. Incluye la petición de 300.000 euros para ambos, en este caso en concepto de indemnización, por «los perjuicios morales causados».

Según se indica en el escrito, González Amador considera que los dos procesados fueron los responsables, como protagonistas de «hechos delictivos», del «continuado e incesante daño» que ha padecido «en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor», todo «de imposible restitución».

Como protagonistas de esos «hechos delictivos», entiende que son «responsables civiles directos y subsidiarios». En el caso de Álvaro García Ortiz, como autor del delito de revelación de secretos, y en el caso de Pilar Rodríguez, como cooperadora necesaria de dicho delito. Reparte la cuota de responsabilidad entre ambos: al fiscal general le atribuye una cuota de 3/5 y a la fiscal jefa provincial de Madrid una cuota de 2/5.

El escrito de la acusación recuerda que García Ortiz «posee bajo su disposición por haberse apropiado de él y no haberlo devuelto» el teléfono móvil «que usaba entre los días 7 y 14 de marzo de 2024». Incide en que si el contenido del terminal incluyera pruebas de su inocencia, lo habría entregado. Por tanto, si no lo ha hecho es, «evidentemente», porque estaría facilitando «el registro detallado de su actividad delictiva».

García Ortiz pide archivar la causa y los fiscales le piden cárcel

El del teléfono móvil es uno de los argumentos del fiscal general del Estado para pedir al Supremo el archivo de su causa, cuando alega que el borrado del móvil «no le permite» defenderse. El recurso a la Sala de Apelación del Alto Tribunal presentado por la Abogacía del Estado -que ejerce la defensa de García Ortiz- sostiene que Ángel Hurtado, el juez instructor de la causa, ha justificado su procesamiento con conclusiones «patentemente erróneas, ilógicas o equivocadas», al «incluir imputaciones que son infundadas o voluntaristas».

La defensa de García Ortiz alude en el recurso a Alberto González Amador, del que dice que «no puede resultar amparado por el ordenamiento jurídico» porque «actúa con manifiesto desprecio por la verdad».

La solicitud del novio de Isabel Díaz Ayuso al Supremo ha trascendido poco después de conocerse que los fiscales que acusan a García Ortiz también han solicitado al Alto Tribunal pena de cárcel para el fiscal general, en su caso de 6 años, así como la suspensión de empleo y sueldo.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular, imputa a García Ortiz un delito de prevaricación administrativa (artículo 404 del Código Penal), en concurso con un delito continuado de descubrimiento y revelación de secretos (artículo 197. 2 y 3, y 198), así como un delito continuado de infidelidad en la custodia de documentos públicos (artículo 417. 1 y 2). Para Pilar Rodríguez pide cuatro años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.