El novio de Ayuso afirma que su abogado envió sin su consentimiento el mail del pacto con la Fiscalía

Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este viernes en el Tribunal Supremo que su abogado, Carlos Neira, redactó y envió sin su consentimiento el correo en el que ofrecía admitir delitos tributarios a cambio de un pacto con la Fiscalía. La pareja de la líder del PP de Madrid ha comparecido este viernes como testigo en la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos por presuntamente haber filtrado el citado mail a la prensa.

González Amador ha llegado este viernes a la cita a las 10:00 horas, pero su comparecencia no comenzó hasta media hora después, que era cuando estaba previsto que se iniciara el procedimiento.

Según fuentes presentes en la Sala, el novio de Ayuso ha negado que diera el visto bueno para enviar a Fiscalía el correo en el que se ofrecía a admitir los delitos a cambio de un acuerdo con el Ministerio Público. Esa comunicación, protegida por el secreto profesional, es la que se investiga si fue filtrada por García Ortiz a la prensa.

Su presencia en el Alto Tribunal llega después de que el máximo representante del Ministerio Público, pidiera que se le citara para declarar como querellante en la causa.

Negativa del juez del Supremo

La Abogacía del Estado, que defiende a García Ortiz, había pedido la presencia de González Amador para que ratificara en sede judicial su querella. En un primer momento, el magistrado instructor Ángel Luis Hurtado, denegó esta petición.

En un primer momento, se indicó que no era «habitual» que se produjesen este tipo de testimonios porque «viene a resultar perjudicial para el acusado» y, además, «su posición ya viene prefijada en la querella». En un primer momento, el juez indicó que la presencia de González Amador era «una dilación para la declaración de los investigados».

Sin embargo, el fiscal general y la otra persona investigada, Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, recurrieron ante la Sala de Apelación del Supremo y, finalmente, les dio la razón. «Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante», concluyeron los jueces de esta instancia. Ponía en valor la importancia de «averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos».