Ni regularización ni expulsión: el Gobierno deja en un limbo a yihadistas extranjeros que amenazan la seguridad nacional

El Gobierno de Pedro Sánchez dejará en un limbo administrativo a las personas de origen extranjero que supongan una amenaza para la seguridad nacional, como los terroristas yihadistas. El Ejecutivo excluirá a estos individuos de la regularización masiva que beneficiará a alrededor de 800.000 inmigrantes ilegales, pero tampoco los expulsará aunque su solicitud de regularización sea denegada. Además, el 40% de los 196 yihadistas extranjeros detenidos en los últimos 5 años en España no han sido expulsados.

El Gobierno ha excluido de su regularización masiva de inmigrantes irregulares a los extranjeros que no cumplan ciertos requisitos. Entre otros, no podrán acceder a esa condición administrativa los que tengan antecedentes penales, excepto los que sean «susceptibles de cancelación en España».

Por otro lado, tampoco podrán regularizarse los extranjeros que representen «una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública». Para comprobar si existe este riesgo, se hará, en primer lugar, una comprobación de la inexistencia de antecedentes penales y, posteriormente, una valoración del informe policial correspondiente.

Aunque existan antecedentes en el informe, según indica la propia normativa, «no supondrá, por sí misma y de forma automática, causa de denegación de la autorización». En su lugar, se revisará detalladamente que la «persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales de ninguno de los Estados miembros de la Unión Europea».

Estos mismos individuos, pese a que podrán beneficiarse de la regularización, tampoco estarán sujetos a expulsión. Y es que, como publicó El Mundo, los solicitantes que no consigan regularizarse tampoco serán expulsados pese a su situación administrativa irregular.

Pero además, como publicó OKDIARIO, más del 40% de los 196 terroristas yihadistas de nacionalidad extranjera detenidos en España en los últimos 5 años no han sido expulsados del país. Todo ello a pesar de que la ley permite la «expulsión del territorio español» de los foráneos que «realicen conductas de las tipificadas como muy graves». Estos son los delitos que atentan contra la seguridad nacional o «contrarios al orden público», entre los que está el terrorismo.

Un 40% de yihadistas, no expulsados

Y es que la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que «podrá aplicarse» la expulsión de España «cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves». Se hará, según indica la norma, «en atención al principio de proporcionalidad» y «en lugar de la sanción de multa». Para aplicarla, debe darse la «previa tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción».

Las infracciones reconocidas en la ley como «muy graves» son las siguientes: «Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves» en la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

De los cerca de 200 detenidos desde 2021 con nacionalidad diferente a la española, sólo 116 han sido expulsados del país. El primer ejercicio, sólo 5 individuos. El año que se produjeron más deportaciones por seguridad nacional fue en 2023, con 47 expulsiones por «infracción muy grave» relacionada con este tipo de delitos. El último año, en 2025, sólo se produjeron 21.

Es decir, que más de un 40% de los extranjeros detenidos por los delitos más graves recogidos en el Código Penal no han sido expulsados. Y esto a pesar de que la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social habilita su expulsión.