España
LA CATALUÑA DEL 155

Moncloa oculta a C’s por qué mantuvo a altos cargos de Puigdemont pese a su relación con el 1-O

PSOE y Podemos dejan sólo a C’s en la petición de explicaciones a Montoro por la malversación del 1-O

El Gobierno de Mariano Rajoy ha declinado contestar a Ciudadanos en el Congreso de los Diputados sobre los motivos por los que a la hora de aplicar el 155 permitió que altos cargos de la Generalitat continuaran en sus puestos pese a tener relación con los preparativos del 1-O. En una pregunta parlamentaria a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el Ejecutivo popular ha apelado a la «separación de poderes» para no dar oportuna respuesta al portavoz de Hacienda de C’s en la Cámara baja, Francisco de la Torre.

El diputado naranja tramitó el 16 de marzo dicha pregunta y con ella que se interesó por la «actuación y participación de altos cargos de la Generalitat, ratificados por el Gobierno en aplicación del artículo 155, en la presunta financiación ilegal del referéndum del 1 de octubre». De la Torre aludió sobre todo a los casos de Rosa Vidal, interventora general de la Generalitat, y Antoni Molons, exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana del Gobierno catalán.

En su iniciativa, el parlamentario de C’s expone que «durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017, la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, enviaba a través de su superior, el exconseller Oriol Junqueras, certificados semanales en los que ‘garantizaba’ que no se financiaba con dinero público el referéndum del 1-O». De la Torre critica al Gobierno del PP que con la llegada del 155 mantuviera a Vidal en dicho cargo, pese a anunciar públicamente el mes anterior que iba a denunciarla ante la Fiscalía por negarse a informar de los gastos del Ejecutivo de Carles Puigdemont en la organización del 1-O.

En cuanto a Molons, De la Torre recuerda que el titular del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, le había situado como «el responsable de la campaña ‘Civisme’ en la que se incluyeron los spots de propaganda del referéndum ilegal de 1-O emitidos por TV3 y Catalunya Radio en septiembre de 2017». Así, el diputado requirió al Ejecutivo popular que le explicase por qué renovó la confianza a Vidal y Molons teniendo en cuenta «estos antecedentes». Molons fue imputado por el juez Ramírez Sunyer el 15 de marzo. De la Torre registró esta iniciativa el 16 y el Gobierno central destituyó al secretario de Difusión de la Generalitat el día 17 por esa imputación. Por su parte, Vidal todavía permanece en el cargo.

Las respuestas

¿Por qué no fueron cesados por el Gobierno central en octubre de 2017 al poner éste en marcha el artículo 155 de la Constitución? ¿Por qué no fueron  destituidos junto a Puigdemont, el entonces vicepresidente Junqueras y el resto de consellers debido a su implicación en el golpe secesionista? A esta cuestión trascendental se niega a contestar el Ejecutivo.

El Gobierno entiende que no debe pronunciarse sobre asuntos inmersos en procedimientos judiciales

La respuesta que el ‘gabinete Rajoy’, a través de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, ha dado al diputado de Ciudadanos es la siguiente: «En relación con las diversas cuestiones formuladas, el Gobierno entiende que no debe pronunciarse sobre asuntos que se encuentran inmersos en instrucciones de procedimientos judiciales por respeto a la separación de poderes establecida en la Constitución». Y añade Moncloa: «No obstante, el Gobierno siempre despliega todos los medios necesarios para cooperar con los jueces y tribunales que conocen de los asuntos objeto de la pregunta».

Esta respuesta tiene fecha de 24 de abril, ocho días después de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no guardara ninguna cautela al declarar en una entrevista con un medio nacional:  «Yo no sé cómo se pagó el 1-O. Pero no con dinero público», sentenció.

Los 84 días de Artadi

A los casos de Vidal y Molons habría que añadir el de Elsa Artadi, a la que el Gobierno de Rajoy mantuvo como directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat de Cataluña durante 84 días y con un sueldo de casi 6.000 euros al mes. De hecho, Artadi, portavoz de Junts per Catalunya en Parlament y siempre en las quinielas sobre el nuevo presidente de la Generalitat, nunca fue destituida y fue ella quien presentó su renuncia al cargo tras obtener el escaño las elecciones del 21 de diciembre, en las que concurrió como número diez por la lista de Barcelona. El artículo 155 entró en vigor el 28 de octubre de 2017 y su cese no se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta el 19 de enero de 2018.

Elsa Artadi nunca llegó a ser destituida y fue ella quien terminó presentando su renuncia. Cobraba casi 6.000 € mensuales

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se ha referido a la posibilidad de que Artadi pueda ser investida y ha afirmado que es «exigible» que el candidato o la candidata no esté investigado por delitos graves, si bien ha remarcado: «Ya veremos si ella acaba o no en procesos judiciales», ha añadido.

Y es que, según fuentes del equipo de Rivera consultadas por OKDIARIO, todavía puede deparar alguna sorpresa la investigación que lleva a cabo el titular del juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. El nombre de Artadi aparece en las pesquisas de la Guardia Civil, justo en las semanas previas al 1-O, como supervisora, a órdenes de Puigdemont, de las «estructuras de Estado» que el Gobierno secesionista estaba urdiendo, fundamentalmente la Administración Tributaria de Cataluña (ATC) o Hacienda propia.