La Mesa del Congreso da luz verde al suplicatorio para que Borràs sea juzgada por corrupción en el Supremo

A falta de que se pronuncien sus señorías, todo apunta a que la diputada separatista catalana Laura Borràs será juzgada por corrupción en el Supremo. La Mesa del Parlamento ha rechazado la reconsideración presentada por la propia Borràs, contra la solicitud de la Sala Segunda del Alto Tribunal y admite a trámite el suplicatorio, obligatorio para proceder penalmente contra ella por su condición de aforada. El acuerdo de la Mesa, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se ha apoyado en el informe de los letrados del Congreso de los Diputados favorable a conceder el permiso solicitado por el Supremo. 

«No hay mayor garantía en este momento de que tras la actuación del  Tribunal Supremo no existe intencionalidad política», reza el documento por el que la Mesa, previo trámite de audiencia de la Junta de Portavoces, acuerda admitir a trámite el suplicatorio.

Y, por tanto, «desde una perspectiva estrictamente constitucional y parlamentaria, la única a la que ha de atender la Mesa de la Cámara, la prerrogativa de la inmunidad ha quedado completamente garantizada, desde el momento en que, por haberse cursado el suplicatorio, se puede poner en marcha el procedimiento establecido» para los casos en los que una diputada, democráticamente elegida, deba ser juzgada por un tribunal de Justicia.

El texto del acuerdo, al que ha tenido acceso este diario, no deja lugar a dudas: «Los derechos y prerrogativas de los parlamentarios no se ven vulnerados por el hecho de que se pida el suplicatorio sino, todo lo contrario, si llegado el momento el mismo no se solicita».

«En relación con el suplicatorio, lo único que procede hacer en sede parlamentaria es dilucidar si un concreto proceso penal seguido contra un diputado tiene o no intencionalidad política, es decir, si se está utilizando para perturbar el normal funcionamiento de la Cámara», afirman los miembros de la Mesa en el acuerdo adoptado. Un escenario que, coinciden, no se da en el caso de la diputada catalana.

La votación, el jueves

El dictamen de los servicios jurídicos del Parlamento, en el que se ha apoyado la decisión de la Mesa, se ha emitido la misma semana en que Borràs presentará, en sede parlamentaria, sus argumentos en contra del suplicatorio que pidió el Supremo -y ahora ha sido admitido a trámite- para investigarla por los delitos de fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

La diputada independentista comparecerá este jueves día 11 ante la Comisión del Estatuto de los Diputados, competente para decidir si debe atenderse la petición del Alto Tribunal. Según lo recogido por los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso corresponde a dicha comisión examinar los suplicatorios, siempre en reuniones a puerta cerrada, y trasladar el resultado de su votación, con una postura formal, al Pleno del Parlamento en los 30 días posteriores. Habitualmente, en la práctica, este trámite no suele exceder de dos semanas.

En el primer encuentro mantenido por los diputados que integran la misma, para tratar el caso de Laura Borràs, la diputada socialista Begoña Nasarre, como presidenta, determinó que procedía dar audiencia a la interesada para que plantease sus alegaciones.

Pedir permiso

La Sala Segunda del Supremo solicitó formalmente permiso al Congreso de los Diputados, a través del suplicatorio, el pasado 22 de mayo, para continuar con la causa penal abierta contra la diputada de JxCat por varios presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración Pública, malversación de caudales públicos y falsedad documental. El Supremo investiga si Borrás cometió dichos delitos, apreciados por el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, en su etapa al frente de la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

El presidente de la Sala Segunda de lo Penal, el magistrado Manuel Marchena, envió en dicha fecha un oficio al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que a su vez redirigió la petición del suplicatorio a la presidenta de la Mesa de la Cámara Baja, la socialista Meritxell Batet. El trámite es imprescindible para proceder contra Borrás, por su condición de aforada.

El escrito firmado por el juez instructor, el magistrado Eduardo Porres, que es quien ha instado el suplicatorio, constaba de una exposición motivada de los hechos por los que, el pasado mes de febrero, el Supremo citó a Laura Borrás para tomarle declaración. Borrás rechazó la citación y no acudió voluntariamente, en su calidad de investigada, por lo que el Supremo instó al Congreso que autorizase su comparecencia de forma obligatoria. Una petición que avala el informe al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acordó abrir causa a la diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs, el pasado mes de diciembre de 2019, por sus presuntas irregularidades en la concesión de un total de 18 contratos de la Institución de las Letras Catalanas (ILC), que fueron adjudicados a su «amigo» Isaías Herrero, durante la etapa en que Borrás dirigió la entidad.