Marlaska ordena inspecciones a las asociaciones de víctimas de ETA para vigilar a qué destinan las ayudas
Marlaska impone más obligaciones a las asociaciones para justificar el destino de las subvenciones
Una orden del Ministerio del Interior impone más obligaciones para fiscalizar las ayudas que reciben las asociaciones de víctimas de ETA. Según el texto, se reforzarán las inspecciones por parte de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, a la que se encarga «comprobar la realización por los beneficiarios de las actividades subvencionadas» con varias actuaciones, como «la verificación de las memorias justificativas, la relación de gastos y la revisión de facturas» y, además, «visitas a la sede de la entidad beneficiaria, asistencia a los actos subvencionados, así como la revisión de programas, fotografías y cualquier otro soporte documental físico o electrónico que justifiquen la correcta ejecución de la actividad».
Asimismo, se advierte que «la memoria final justificativa debe reflejar de manera explícita y clara la ejecución del proyecto subvencionado, explicando el desarrollo del mismos y cualquier modificación respecto de la solicitud de subvención presentada».
La orden incorpora nuevas obligaciones para las asociaciones de víctimas, que tendrán que remitir la documentación que justifique la subvención con «la relación de todos los gastos de cada uno de los programas subvencionados, con indicación del tipo de gasto, importe y porcentaje (…) así como las facturas en formato digital de los gastos de cada programa imputados a la subvención».
El departamento de Grande-Marlaska indica que la orden para fiscalizar a las víctimas de ETA «está alineada» con los «objetivos» de la Estrategia Nacional contra el Terrorismo, «en concreto» con el «reconocimiento social y los procedimientos de apoyo, ayuda y asistencia a las víctimas de atentados terroristas».
El importe de las subvenciones otorgadas por Marlaska a las asociaciones de víctimas de ETA asciende, anualmente, a un millón de euros, muy por debajo de otras concedidas por el Gobierno, como los 32 millones que este año recibirán los sindicatos.
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