Marlaska bloquea la sentencia pionera que le obliga a pagar 334.000 € a la familia de un guardia civil asesinado

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 11/04/2026 05:45
  • Actualizado: 11/04/2026 05:45

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, está bloqueando la sentencia pionera de la Audiencia Nacional (AN) que le obliga a indemnizar con 334.200 euros a la familia de un guardia civil asesinado. Lleva ya cuatro meses y medio retrasando este pago, aumentando así el sufrimiento de la viuda, al verse encima «ninguneada». Se ha visto obligada a tener que pedir la ejecución forzosa de la resolución.

Se trata del caso del guardia civil José Manuel Arcos, asesinado en octubre de 2018 en la localidad granadina de Huétor Vega a manos de un delincuente común conocido como El Kiki. El ladrón lo asesinó de un disparo cuando el agente intentaba detenerlo. Le arrebató el arma reglamentaria y, durante un forcejeo, le pegó un tiro que acabó con su vida.

La víctima tenía 47 años. Es el primer agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado asesinado en acto de servicio durante el mandato de Marlaska. La funda de su arma no era antihurto y El Kiki se la quitó y lo mató.

Esta importante sentencia fue dictada el pasado mes de septiembre por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional y es firme desde noviembre, ya que ninguna de las partes la recurrió ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el Ministerio de Marlaska la incumple, dilatando el pago al que ha sido condenado.

La resolución es la número 3906/2025, de 24 de septiembre, y la firman los magistrados de la Sección Quinta Alicia Sánchez Cordero (presidenta y ponente), Margarita Pazos Pita, Eduardo Hinojosa Martínez y Alicia Esther Ortuño Rodríguez.

La mujer y los dos hijos del guardia civil asesinado llevan siete años de lucha judicial. No obstante, siguen sin ver Justicia ante este impago. Y ello se produce pese a que el ministro del Interior es magistrado en servicios especiales y, por tanto, sabe perfectamente que está obligado a cumplir las sentencias.

«Marlaska nos ha abandonado», denuncia su viuda

Raquel Pérez, la viuda del agente Arcos, «no esperaba este trato por parte de Marlaska», según declara a OKDIARIO. Sobre todo, después de que el ministro asistiera al funeral de su marido, le impusiera una medalla a título póstumo– la Cruz de la Orden del Mérito con distintivo rojo– y en el funeral dijera unas palabras de reconocimiento.

Lo cierto es que el ministro tardó 15 meses en firmar la medalla que él mismo colocó sobre el féretro, como también reveló en su día este diario. Pese al boato, las fotos y el luto, a la familia de Arcos también tardaron en reconocerle esta ayuda por este motivo.

«Muchas palabras en el funeral, pero luego nos ha dejado completamente abandonados», declara a OKDIARIO Raquel, a quien se le juntó el duelo con esta «dura batalla».

Obliga a indemnizar a las familias

Esta resolución es pionera porque obliga al Estado a indemnizar a las familias de policías y guardias civiles asesinados en acto de servicio cuando los condenados se declaran insolventes. Extendió el principio de indemnidad a familiares. Hasta entonces, la Justicia sólo había reconocido este derecho a los propios policías y guardias civiles por lesiones sufridas en el desempeño de su labor policial. Sin embargo, los familiares quedaban al margen.

Tras una lucha feroz, la viuda e hijos del agente Arcos lograron en noviembre de 2020 que la Audiencia Provincial de Granada condenara por homicidio al autor de los hechos a 22 años y medio de prisión. Una batalla judicial que libraron asistidos por el abogado Javier López y García de la Serrana. 

Aquella sentencia también imponía al condenado, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización a los familiares de la víctima: 159.600 a la esposa, 89.600 a su hija y 85.000 a su hijo por el daño moral. 

Demanda contra el Ministerio

Al declararse insolvente el condenado, sin recursos económicos para hacer frente al pago de dicha cantidad, la familia se vio obligada entonces a acudir a la jurisdicción contenciosa para reclamar a Estado que se hiciera cargo de la indemnización.

Y ello en base al principio de indemnidad, que implica que la Administración debe resarcir a sus funcionarios por los daños sufridos en el ejercicio de sus funciones por acciones ilícitas cuando no haya culpa o negligencia por parte del funcionario, y el responsable directo del daño sea insolvente.

Ante esta demanda, también articulada por el letrado López y García de la Serrana, el Ministerio intentó zafarse del pago alegando que los daños personales y patrimoniales de los familiares son totalmente ajenos a la relación especial de servicios que vinculan a los guardias civiles y policías con la administración. Sin embargo, la Audiencia Nacional dio la razón a esta familia en esta importante sentencia de la que también se beneficiarán otras familias de guardias civiles y policías que se vean en esta situación.

En toda esta tragedia, la única satisfacción que queda a la viuda Raquel Pérez es que su sentencia «abre la puerta a que otras viudas e hijos puedan cobrar una indemnización y que los agentes que están dando su vida por nosotros, tengan la certeza de que su familia no se quedará desamparada».

«Es un orgullo», sentencia emocionada a este diario, destacando que «esta lucha se la debemos al agente Arcos por dar su vida».

Según informa, su marido ni siquiera tenía chaleco antibalas. Y pide medios materiales para los agentes «para evitar estas tragedias que dejan familias rotas de por vida».