La Ley de Género andaluza elimina el control presupuestario en el pago a los colectivos feministas
Los más de 3 millones de euros que entregó en los dos últimos años la Junta de Andalucía del PSOE a las asociaciones feministas radicales pueden convertirse en una anécdota.
La Ley de Género que VOX pide derogar incluye una salvedad para poder aumentar sin casi control las aportaciones a estas asociaciones con el objetivo de adoctrinar en las tesis de género. La norma fue aprobada en julio de 2018 y aún no ha mostrado su pleno poder derrochador y adoctrinador. En caso de seguir sin derogarse o sin reformarse, su impacto se colará ya en los siguientes Presupuestos andaluces.
La anotación que permite expandir el gasto destinado a grupos feministas radicales y a otros fines de promoción de sus tesis se regula en la propia norma y recoge el siguiente texto: “En ningún caso, las cantidades destinadas por la Administración de la Junta de Andalucía a la elaboración, desarrollo, promoción o ejecución de dichos programas podrán suponer una minoración de las que tengan por objeto la protección integral de las víctimas”.
Traducido: que las cantidades actualmente reguladas no pueden ser reducidas. Y, por lo tanto, todos los nuevos postulados de la ley deben contar con partidas de gasto adicionales. Entre esos postulados se encuentra un programa entero de adoctrinamiento de profesores, niños y padres, todo un esquema de control del “micromachismo”, un esquema completo de formación y captación de empleados públicos y agentes que enseñen ese feminismo radical en Andalucía, o, sólo por poner algún ejemplo más, un esquema de control del supuesto machismo en el deporte y la cultura. Y para todo ello, la ley prevé apoyarse en los colectivos feministas radicales. Toda una nueva fuente de dinero y poder.
Los programas feministas, además, justificarán el derroche de fondos: “Dichos programas se desarrollarán según criterios de calidad que garanticen una intervención profesionalizada en la que se incluya la perspectiva de género, para lo que podrán suscribirse convenios de colaboración con otras Administraciones públicas y organismos competentes, con capacidad y experiencia en la materia”. Es decir, que se harán más acuerdos -pagados- de colaboración con los colectivos radicales feministas.
La exigencia de VOX
VOX ha puesto sobre la mesa en Andalucía -como condición para su respaldo a un pacto de gobernabilidad con PP y C’s- la exigencia de cambiar esta ley y de acabar con el riego de fondos a los chiringuitos de ideología de género. La política de género ha permitido ya -y permitirá aún más- destinar grandes cantidades de dinero público a asociaciones afines política e ideológicamente-. Todo ello, supuestamente con el fin de contar con fondos para mantener una lucha eficaz contra la violencia que sufren las mujeres, pero una política que, según las propias cifras de estas asociaciones, no tiene una gran eficacia: los casos de violencia no bajan tras el inicio de la aplicación de estas trasparencias de fondos a los colectivos feministas radicales.
En los dos últimos años, según datos oficiales ofrecidos por la propia Junta de Andalucía, el Gobierno autonómico ha destinado 3,3 millones de euros a subvenciones de género.
La consejera de Igualdad y Políticas Sociales en funciones, la socialista María José Sánchez Rubio, señaló el pasado octubre que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) dedicó en los dos últimos años más de 2,5 millones de euros a subvenciones a organizaciones de mujeres para “la elaboración de proyectos que fomenten la igualdad de género en el territorio”, y otros 794.000 euros para “iniciativas asociativas contra la violencia machista”. En total, más de 3.294.000 euros.
Sánchez Rubio recalcó que “el tejido asociativo y de organizaciones es a veces la red más cercana a las mujeres en los territorios, por lo que es fundamental esta estrecha colaboración para crear una red de ciudadana contra la violencia de género y el machismo que la sustenta”.
Se trata de una estructura clientelar de ideología de género cada vez más voluminosa y sobre la que VOX ya ha adelantado que busca el fin del riego de subvenciones indiscriminadas.
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