Los letrados de Justicia de la asociación izquierdista vencen a Bolaños: anuladas sus oposiciones

La Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia ha conseguido en el Tribunal Supremo ganar una importante batalla al Ministerio de Justicia, liderado actualmente por el socialista Félix Bolaños. La asociación izquierdista de los LAJ ha venido en el pleito que abrieron contra el Real Decreto de 2022 de la oferta de empleo público para la estabilización del empleo temporal en la Administración General del Estado. El Supremo lo declara nulo en lo relativo a las plazas de Letrados de la Administración de Justicia y condena al pago de las costas judiciales al Gobierno de España hasta un máximo de 4.000 euros.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, en su Sección Cuarta, ha dictado esta sentencia que da la razón a los supuestos compañeros ideológicos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. En un fallo donde ha ejercido de ponente Luis María Díez-Picazo, el Supremo remarca que las oposiciones se basan en una ley ordinaria y no en una ley orgánica como debería ser según las normas en vigor. Además, «la oferta de empleo público no ha respetado el porcentaje de plazas reservadas a personas con discapacidad previsto en el Reglamento del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, por lo que infringe esta norma reglamentaria y, en consecuencia, es inválido en este punto».

«No cabe argüir, como hace el abogado del Estado, que la recurrente carece de interés legítimo y, por tanto, de legitimación activa para exigir el cumplimiento del porcentaje de reserva de plazas para personas discapacitadas. Una asociación de funcionarios públicos pertenecientes a un determinado cuerpo tiene un indudable interés en defender la correcta y puntual aplicación de las normas que rigen ese cuerpo», remarca el fallo consultado por OKDIARIO.

En total son unas oposiciones de casi un centenar de plazas donde se presentan más de 3.000 candidatos. Estas oposiciones estaban ideadas para beneficiar a los interinos que tras muchos años trabajando en la Justicia no han logrado aprobar unas oposiciones. Los letrados con plaza fija consideran que estas oposiciones no priman las condiciones de igualdad, mérito y capacidad para entrar en las plantillas del Estado. Fuentes de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia señalan a OKDIARIO que llevan tiempo con importantes disputas con el Ministerio de Bolaños, lo que también ocurre con la otra asociación profesional. Organizaron una huelga ante los desprecios constantes.

Por otra parte, en las últimas horas se han dirigido a ministro Bolaños «con enorme preocupación tras constatar en una reunión que el secretario de Estado de Justicia se está barajando la posibilidad de reformar el sistema de acceso al Cuerpo Superior Jurídico de letrados de la Administración de Justicia, alterando el porcentaje de distribución de las plazas entre los dos turnos y acabando con que las no cubiertas en promoción interna acrezcan al turno libre, lo que puede dar lugar a una evidente disminución de plazas cubiertas en cada convocatoria, con el perjuicio que supone para el servicio público».

Tachan de «inaceptable» que algo tan sensible y tan trascendente se pretenda hacer «obviando la exigencia legal de audiencia a las asociaciones y el compromiso asumido en el Acuerdo de marzo que puso fin a nuestra huelga». Si no llega a ser por la reunión no se enteran. No ha habido traslado de documento alguno que permita saber a los afectados «qué es exactamente lo que se pretende y todas las consecuencias precisas que puede conllevar».

«Más allá de entender que dicha medida es injustificada y que no ha sido consensuada, tenemos la seguridad de que con ella lo único que se pretende es contentar a los sindicatos utilizando, una vez más, a los letrados de la Administración de Justicia como moneda de cambio ante las exigencias y chantajes de estos en el proceso de negociación que se mantiene con ocasión del proyecto de leyes de eficiencia», afean las asociaciones de letrados de Justicia en un comunicado conjunto.

De esta forma, ven «incomprensible y altamente temerario» que Bolaños esté dispuesto a «reavivar un conflicto con los letrados de la Administración de Justicia, que tan indeseables consecuencias de todo orden tuvo en el pasado». Todo ello, cuando existe un compromiso para que sean ellos, «como directores de las oficinas judiciales, quienes lideremos el cambio de modelo de cultura judicial que implican las leyes de eficiencia».

La solución a la «deficiente» gestión ministerial de las oposiciones no está, «ni mucho menos», en modificar el porcentaje de plazas de los distintos turnos, y «ni por supuesto en abaratarla», sino en establecer «un calendario que aporte regularidad en las convocatorias y seguridad a los aspirantes, tanto a los de turno restringido, como a los miles de jóvenes que concurren por el turno libre y que se esfuerzan cada día por superar uno los procesos selectivos más exigentes».