Junts avisa al PSOE: o amnistía a los 150 imputados durante el Gobierno de Sánchez o no habrá acuerdo
Es otra línea roja más con la que los socialistas tendrán que tragar si quieren investir a Sánchez antes del 27 de noviembre
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Carles Puigdemont sube el precio por la amnistía. La fraternal foto de Félix Bolaños con Oriol Junqueras y los plagios de párrafos íntegros de Junts en el acuerdo del PSOE con ERC han enfadado a Puigdemont hasta el punto de levantarse de la mesa y romper las negociaciones. Eso ha llevado al líder juntero a poner a prueba los nervios de los socialistas con una exigencia de amnistía ampliada que Junts impone al PSOE como condición para cerrar el pacto. El mensaje es claro, como transmiten fuentes conocedoras de la negociación a OKDIARIO: «O el PSOE amnistía a los 150 imputados durante el Gobierno de Sánchez o no habrá acuerdo de investidura». Se trata de incluir causas no relacionadas de forma directa con el golpe independentista del 1-O de 2017. Una línea roja más con la que los socialistas tendrán que tragar si quieren investir a Sánchez antes del 27 de noviembre.
Los ánimos están muy caldeados en Junts. No se fían de Sánchez y han decidido lanzar un nuevo ultimátum en el tramo final de la negociación con el PSOE: ampliar el perímetro de la amnistía para garantizar que beneficie a afectados por la lawfare -la persecución judicial por razones políticas- represaliados bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, lo cual implicaría para los socialistas aceptar que el presidente en funciones también hizo uso de esta práctica.
Así se explica el enigmático tuit de Puigdemont publicado este domingo en el que decía que el «uso estratégico de las leyes para perjudicar a disidentes o rivales políticos no busca hacer justicia, sino conseguir, por medios inaceptables en democracia, efectos políticos a través del poder judicial». Ni más ni menos que un aviso al PSOE de que las personas que han sufrido «represión judicial» durante el mandato de Sánchez también merecen la amnistía, según la tesis introducida por el líder de Junts.
El mes de febrer del 2020 vaig moderar un acte al Parlament Europeu sobre “Lawfare, judicialization of politics”. Qui tingui interès a saber què és, allà s’hi van exposar casos escandalosos que afectaven líders polítics sudamericans, entre d’altres. L’ús estratègic de les lleis…
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 5, 2023
¿Qué causas entrarían dentro del paraguas del lawfare sanchista?
Con el planteamiento defendido por Junts ante el PSOE, la amnistía alcanzaría también a todas aquellas personas implicadas en el procés a través de causas no relacionadas directamente con el 1-O, como casos de desórdenes públicos en protestas durante varios aniversarios del referéndum de 2017. Por ejemplo, el caso del ex hombre de confianza de Puigdemont, Josep Lluís Alay, implicado en el llamado caso Volov -que dirige el Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona-, una operación iniciada bajo el Gobierno de Sánchez con más de una treintena de detenciones y que investiga el presunto desvío de fondos públicos al procés independentista, además de las conexiones de los separatistas con la Rusia de Vladimir Putin.
Alay está acusado también de malversación y prevaricación por un viaje que, en representación del fugado, hizo en 2018 al referéndum secesionista de Nueva Caledonia. El caso también salpica a los ex consejeros Josep González-Cambray y Xavier Vendrell, el publicista Oriol Soler, el empresario David Madí y el presidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas, Xavier Vinyals
Otro caso sería el del ex consejero de Interior Miquel Buch, condenado a cuatro años y medio de cárcel y 20 de inhabilitación por contratar a un mosso d’esquadra, Lluís Escolà, para que hiciera de escolta de Puigdemont en Bélgica. Para Escolà, el tribunal ha dictado una pena de cuatro años de cárcel por el delito de malversación, del que le considera autor y por el que también le impone una inhabilitación de 10 años.
Asimismo, afectaría a la investigación judicial a nueve miembros y directivos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), investigados por malversación, fraude y exacciones ilegales por canalizar dinero público al procés en Cataluña y montar estructuras que permitiesen la celebración del referéndum independentista.
También se incluiría el caso contra los miembros de la Mesa del Parlament que presidió el ahora conseller Roger Torrent, por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC), al tramitar resoluciones parlamentarias relacionadas con la autodeterminación y que reprobaban a la monarquía, por considerar que la absolución fue «absolutamente arbitraria».
Las fuentes consultadas dejan fuera de la negociación la amnistía para la familia Pujol y para la condenada Laura Borrás. También para Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont. Al estar sus causas fuera del procés, se quedarían fuera de la amnistía.
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