‘Julito’ Martínez endosa a Zapatero cuatro delitos que sumarían hasta 22 años de cárcel

La declaración de Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha reforzado los indicios de hasta cuatro de los siete delitos que se investigan en la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero: tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

Sumando los máximos legales previstos por separado para cada uno de ellos, la pena alcanzaría los 22 años de prisión, aunque las reglas de concurso del Código Penal podrían reducir sustancialmente el tiempo de cumplimiento efectivo en caso de condena.

Julito Martínez ha comparecido este martes durante casi cuatro horas ante el magistrado que instruye el caso Plus Ultra. En un auto de 85 páginas, Calama situó a Zapatero como «núcleo decisor y estratégico» de una estructura dedicada al tráfico de influencias en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021.

Tráfico influencias

El delito que más se ha reforzado con la declaración de este martes es el de tráfico de influencias, castigado con un máximo de dos años de prisión. Julito ha admitido ante el juez que realizaba una suerte de «asesoramiento personalizado» para Plus Ultra, expresión que ha hecho reaccionar al magistrado, quien ha apuntado que ese término podría resultar compatible precisamente con este delito. «Mejor me callo», ha comentado el juez Calama para evitar prejuzgar el caso.

El empresario ha ratificado además que fue Zapatero quien le anticipó que el Gobierno iba a conceder el rescate, aunque ha evitado detallar con qué personas concretas se puso en contacto el expresidente para lograrlo.

Blanqueo de capitales

El posible blanqueo de capitales, castigado con hasta seis años de cárcel, se ha visto reforzado por el reconocimiento de que el cobro de la comisión del 1% del rescate se fraccionó entre varias sociedades por orden de Zapatero.

Según ha explicado el propio empresario, los pagos se repartieron entre Análisis Relevante, Voli Analítica y Domotic Europe, además del intento -finalmente frustrado- de constituir una sociedad offshore en Dubái para supuestamente canalizar otros fondos retenidos en Abu Dabi.

Falsedad documental

La falsedad documental, con otro máximo de seis años, se apoya en el reconocimiento de Julito de que «por ser quienes son» sigue pagando a día de hoy a What The Fav, la empresa de comunicación de las hijas del ex presidente, Laura y Alba Rodríguez, «aunque no hagan trabajo efectivo».

La investigación judicial calcula que Análisis Relevante abonó a esa sociedad al menos 239.755 euros por presuntos trabajos parcialmente ficticios.

Organización criminal

El delito de organización criminal, el de mayor pena de los cuatro -hasta ocho años de prisión para quien dirija una organización dedicada a delitos graves-, se apoya en la existencia de ese entramado de sociedades y de responsabilidades utilizadas de forma coordinada para canalizar los pagos, aunque el empresario ha evitado en su declaración precisar el papel exacto de cada una de ellas.

Los otros tres delitos investigados en la causa -apropiación indebida, contrabando y delito contra la Hacienda Pública- no se han comentado directamente por la comparecencia de este martes.

Los dos últimos corresponden a una pieza separada relacionada con las joyas halladas por la UDEF en la caja fuerte del despacho de Zapatero, tasadas en 1,3 millones de euros por la joyería Ansorena.

La cifra de 22 años resulta de sumar los máximos legales de cada uno de los cuatro delitos por separado, sin entrar en las reglas de concurso, continuidad delictiva o agravantes que finalmente aplicaría el tribunal.

El Código Penal prevé límites máximos de cumplimiento efectivo que en la práctica podrían rebajar de forma notable esa cifra teórica en caso de sentencia condenatoria. No obstante, con la pieza separada de las joyas, ese umbral aumentaría aún más.

Zapatero, contra las cuerdas

El Consejo de Ministros aprobó el rescate a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021, con 53 millones de euros –un dinero público, tal como ha recordado Calama en la declaración– procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI, en plena crisis del sector aéreo por la pandemia.

Zapatero negó cualquier cobro de comisiones el pasado 2 de marzo ante la comisión de investigación del Senado, llegando a acusar al senador del PP Fernando Martínez Maíllo de «difamar» al preguntarle por este asunto.

El propio ex presidente se convirtió el pasado mes de junio en el primer jefe de Gobierno de la democracia española en declarar como investigado ante la Audiencia Nacional, en una comparecencia que, además del rescate de la aerolínea, abordó el origen de esas joyas incautadas en su oficina.

Según ha trascendido, él y su entorno habrían percibido cerca de 1,95 millones de euros vinculados al entramado, de los que 423.779 euros habrían ido a parar a sus hijas a través de What The Fav.

La instrucción continuará en septiembre, cuando está previsto que declaren los responsables de Plus Ultra y de la SEPI en el momento del rescate, además de la propia secretaria y el gestor de las operaciones.

Hasta entonces, la aritmética penal seguirá siendo, para Zapatero, tan rocambolesca como su propia defensa: 22 años sobre el papel que, en la práctica, podrían quedarse en un guarismo bien distinto –quizá incluso mayor– una vez el Código Penal aplique sus propias reglas.