La juez cita el 29 de noviembre al novio de Ayuso en la causa por fraude fiscal

La juez Inmaculada Iglesias ha citado el próximo 29 de noviembre como imputado a Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa en la que se le investiga por supuesto fraude fiscal. El empresario tendrá que acudir ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid junto con los otros tres investigados.

La magistrada tuvo que aplazar las comparecencias después de que Más Madrid y el PSOE, que actúan como acusación popular en el caso, solicitaran ampliar la causa. En el escrito que presentaron el pasado 24 de junio pidieron que se investigaran cinco nuevos delitos después de considerar que el informe de la Agencia Tributaria había aportado datos relevantes.

La juez ha acordado abrir una pieza separada en la que se investigará si el novio de Ayuso había incurrido en delitos diferentes de los que se indagan en la causa principal. Concretamente, la magistrada ha llevado a esa pieza los hechos derivados de «la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman SL mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona SL -empresa de Alberto González Amador- y su cliente Quirón Prevención SL».

La juez admitió a trámite el pasado mes de marzo la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra González Amador. En ella se acusaba al novio de Ayuso de dos presuntos delitos de defraudación tributaria y de falsedad en documento mercantil. Concretamente, se hacía alusión a que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid presuntamente habría defraudado 350.951 euros a través de una presunta trama de facturas falsas. Según Hacienda, este fraude se habría producido durante los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, mediante contratos relacionados con la pandemia del coronavirus. González Amador habría intermediado entre una empresa proveedora de mascarillas y otra interesada en comprarlas, en una operación que se produjo entre dos sociedades privadas.

El auto de la juez señalaba que de la investigación de la Agencia Tributaria «se desprende indiciariamente la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública». Sostenía que «las facturas no se corresponden con los servicios realmente prestados» y llamaba a declarar también a los inspectores de Hacienda que investigaron al novio de Ayuso para que ratifiquen sus informes realizados sobre la pareja de Ayuso.

«Gastos ficticios»

Concretamente, la denuncia de la Fiscalía señalaba a «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades». «No se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», indicaba la denuncia de la Fiscalía.

Y abundaba que existía indicios para hablar «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».