El juez acusa a Zapatero de liderar «una red de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos»

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables». El magistrado ha levantado el secreto de las actuaciones y ha ordenado simultáneamente el registro de su oficina y de otras tres mercantiles vinculadas a la red.

A lo largo de 85 páginas, el auto describe una estructura «estable y jerarquizada» cuya finalidad era «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».

La trama habría utilizado «sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos» para «ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado».

Calama se hizo cargo del procedimiento en marzo de 2025, tras recibir la inhibición del Juzgado de Instrucción 15 de Madrid.

El objetivo concreto de la red habría sido la aprobación y el desembolso de la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a la aerolínea Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según el juez, la «secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones» evidencia que la red actuó con la «finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente».

El reparto de funciones dentro de la trama habría sido preciso y jerárquico. Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez habrían ejercido como intermediarios directos con los clientes, mientras que María Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina de Rodríguez Zapatero, y Cristóbal Cano habrían conformado un tercer nivel operativo encargado de ejecutar las instrucciones del expresidente en el día a día.

Este «reparto funcional de tareas», señala el auto, estaría «orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos».

Uno de los indicios más gravosos recogidos en la resolución apunta al acceso anticipado a información privilegiada: en febrero de 2021, dos de los investigados habrían celebrado en un intercambio de mensajes la concesión de la ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor, que no se produjo hasta el 9 de marzo de ese año.

Los directivos de Plus Ultra habrían articulado dos vías de influencia paralelas para obtener el rescate. Una discurría a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos. La otra, a través de Zapatero. Aunque ambas habrían operado de forma simultánea, fue finalmente la segunda la que adquirió «un papel predominante» y permitió a la aerolínea «alcanzar los objetivos perseguidos».

Blanqueo de capitales

Los flujos económicos de la red habrían adoptado una forma opaca y deliberadamente enmarañada. Los contratos de asesoría o consultoría habrían sido utilizados como «mera justificación documental frente a terceros».

El principal beneficiario final habría sido el propio Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas. Según el auto, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros al exp residente y 239.755 euros a Whathefav; Gate Center –un grupo de presión chino– habría enviado 352.980 euros y 171.727 euros respectivamente; y sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían transferido 681.318 euros a Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.

Red internacional

La estructura habría trascendido las fronteras españolas. Siguiendo instrucciones de Rodríguez Zapatero, se habría constituido la sociedad Landside Dubai Fzco, participada íntegramente por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio de tres millones de dólares en cinco años.

Idella suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate —530.000 euros—. La proximidad entre dicho contrato, fechado el 19 de enero de 2021, y el inicio de gestiones para constituir Landside, el 26 de enero, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái se habría creado para canalizar ese cobro «evitando su trazabilidad en territorio español».

Este patrón, según Calama, «encaja en las modalidades típicas de blanqueo descritas por el Tribunal Supremo», lo que añade a los cargos por tráfico de influencias del Código Penal, una posible responsabilidad por blanqueo de capitales.

No entrará en su casa

El juez ha rechazado, no obstante, el registro del domicilio particular de Rodríguez Zapatero, solicitado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción.

Calama considera que «la amplia difusión mediática y la notoriedad del procedimiento judicial en curso hacen razonablemente presumible que cualquier elemento incriminatorio eventualmente existente habría sido ya retirado, destruido o trasladado». La existencia de la oficina como alternativa «menos intrusiva y plenamente eficaz», concluye, «excluye la necesidad del registro domiciliario».

El caso Plus Ultra nació en 2021 como una controversia política en torno a un rescate público a una aerolínea de tamaño modesto y con vínculos venezolanos, en un momento en que otras compañías del sector no recibieron ayudas comparables. Cuatro años después, se ha convertido en una causa ante la Audiencia Nacional con un ex presidente de Gobierno como principal investigado. El 2 de junio, Rodríguez Zapatero comparecerá ante el juez Calama: la historia dirá si ese día marca el principio del fin de una investigación o el principio de algo más grave.