El juez procesa a Luceño y Medina por estafar a Almeida con las mascarillas

El juez Adolfo Carretero, que instruye el caso Mascarillas, ha procesado a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina por los delitos de estafa agravada y falsedad documental al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario en plena pandemia por coronavirus.

En el auto se indica, asimismo, que Luceño se enfrenta a los delitos de falsedad en documento mercantil y delito fiscal. Sin embargo, ninguno de los dos será procesado por delito de blanqueo de capitales, ya que los acusados «no trataron de ocultar el dinero percibido de las comisiones ni intentaron hacer desaparecer el mismo».

Un año después de que el juez abriese diligencias de investigación, el magistrado ha decidido poner punto final a la causa y enviar a juicio a los –hasta ahora– investigados. Así, tras una compleja investigación y pese a los continuos ataques infundados contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por parte de los partidos de izquierda que han ejercido la acusación popular, ha quedado acreditado de que el Consistorio madrileño es una víctima de la presunta estafa.

Almeida, perjudicado

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid denegó en varias ocasiones la petición de Podemos y PSOE que solicitaron investigar al equipo de Almeida.  «Este Instructor ya ha dicho en diversas resoluciones, sin que la Audiencia Provincial le haya corregido, sino más bien confirmado, que el Ayuntamiento de Madrid tiene la condición de perjudicado en el presente procedimiento, por lo que no se van a admitir diligencias como las solicitadas por Podemos encaminadas a investigar la conducta de los cargos municipales del Ayuntamiento, para ver si tienen alguna relación directa o indirecta con la estafa investigada, sin que se haya acreditado indicio serio que justifique las mismas», afirmó el juez.

Los partidos de izquierda también maniobraron para intentar imputar a Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde de Madrid. Sin embargo, el magistrado, una vez más, fue contundente y calificó la petición de los partidos de la oposición de «infundada». Los partidos de izquierda han hecho de esta investigación judicial una causa política con el objetivo de atacar al alcalde.

El juez Carretero manifestó que no iba a imputar al primo de José Luis Martínez-Almeida, puesto que no cometió ningún delito, tampoco el de tráfico de influencias contemplado en el artículo 429 del Código Penal. «Nada de lo anterior consta en la presente causa, salvo que Carlos Martínez-Almeida se limitara a proporcionar a Luis Medina el correo electrónico de la encargada de las compras sanitarias del Ayuntamiento, Elena Collado, quien fue la que negoció y firmó en nombre de la Funeraria Municipal, y, por tanto, del Ayuntamiento de Madrid, los mencionados contratos», afirmó.

Así, añadió que tampoco constaba que el primo del alcalde «presionase en modo alguno a Collado, ni que le obligase a ésta a llamar al investigado Luis Medina porque alegase su condición de primo del alcalde, por lo que debe mantenerse su condición de testigo hasta este momento procesal, siendo conveniente su testimonio para conocer el modo en que los investigados contactaron con la persona encarga de la contratación en el Ayuntamiento de Madrid». Una resolución que fue ratificada por la Audiencia Provincial.

Los morados y los socialistas, que han intentado durante el último año responsabilizar falsamente al alcalde de la adjudicación de un contrato para la compra de mascarillas durante la pandemia del Covid, aplaudieron fervorosamente –en un principio– el contrato para la compra de material sanitario. «Don Javier Barbero [Más Madrid] y Don Ramón Silva [PSOE] aprovechan para agradecer y poner en valor todo el enorme trabajo que desde el Área de Hacienda se está realizando en condiciones nada fáciles», recogen las actas de las reuniones de marzo de 2020 en el consejo de administración de la Empresa Funeraria de Madrid, adjudicataria de los contratos con los que se enriquecieron Luis Medina y Alberto Luceño.