Pedraz niega intención política en la investigación de la UCO y rechaza anular un caso de hidrocarburos

El magistrado Santiago Pedraz ha desestimado este martes un recurso que acusaba a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de ocultar información de forma arbitraria entre diferentes procedimientos judiciales. La resolución, dictada en el Juzgado Central de Instrucción número 5, rechaza categóricamente las alegaciones de manipulación y defiende la profesionalidad de la UCO en el manejo de las Diligencias del caso Gaslow, un caso de hidrocarburos donde varios imputados tratan de buscar la nulidad de las actuaciones.

El auto judicial, consultado por OKDIARIO, constituye un respaldo inequívoco a la actuación de la Unidad Central Operativa. El magistrado Pedraz es tajante en su defensa: «Lo que está claro es que el presente procedimiento se ha desarrollado sin viso alguno de ‘ilegalidad’ o manipulación por la UCO».

Las acusaciones partían del recurso de reforma interpuesto por el antiguo guardia civil de la UCO Juan Sánchez Yepes, junto con Javier García Pérez. Su defensa alegaba que la UCO realizaba un «caprichoso manejo» de las diligencias al conocer simultáneamente dos procedimientos diferentes.

Según el escrito de la defensa, las actuales Diligencias Previas del Juzgado Central 5 constituían «un desglose no autorizado» de las que se siguen en el Juzgado Central 6 bajo el número 35/2019. Los letrados acusaban al instructor del grupo UCO de «clasificar de modo arbitrario y en base a su propio y personal criterio la información que administra a cada procedimiento».

El magistrado rechaza estas acusaciones de forma contundente. En su resolución explica que «obviamente si este magistrado instructor lo hubiera detectado se actuaría en consecuencia», dejando claro que no ha encontrado indicios de irregularidad alguna.

La defensa había intentado sustentar sus alegaciones con fotografías parciales del procedimiento del Juzgado 6, pero Pedraz considera que esto no constituye prueba válida. «No es sino una visión parcial», argumenta el juez, quien califica las acusaciones como «meras conjeturas».

El auto es especialmente crítico con las insinuaciones sobre supuesto espionaje político. La defensa había mencionado «noticias de prensa» y la existencia de conversaciones telefónicas donde se citaba el nombre «Koldo». El magistrado es meridiano al respecto: «La ‘prensa’ no está en la causa y el nombre de ‘Koldo’ (o ‘Bonilla’) no significa nada, por mucho que sean conocido a nivel mediático».

Esta respuesta judicial supone un varapalo para las teorías conspirativas que intentaban vincular el caso con supuestas maniobras de espionaje político con Isabel Díaz Ayuso de por medio, desmantelando cualquier intento de politizar el procedimiento.

El juez también aborda la cuestión procedimental. Si la defensa considera que ambos procedimientos deberían haberse tramitado conjuntamente, «lo que tendría que hacer no es plantear la nulidad, sino seguir los cauces procesales adecuados que no son sino los de plantear la inhibitoria o declinatoria».

Garantías procesales

La resolución subraya que no existe «vulneración de derecho fundamental alguno ni infracción de norma esencial de procedimiento». El magistrado enfatiza que «en lo que respecta a las presentes diligencias se ha seguido el debido proceso» y que ninguno de los imputados «ha sufrido indefensión alguna».

El auto también aborda aspectos secundarios del recurso, como la supuesta incorporación tardía de un atestado, pero el juez aclara que «ya está en la causa desde hace tiempo y a disposición de las partes».

Contexto del caso Koldo

La resolución judicial cobra especial relevancia en el marco del denominado caso Koldo, que tiene sus raíces en la operación Delorme sobre presuntas comisiones millonarias en contratos de mascarillas durante la pandemia. El confidente J.L.C. fue quien el 5 de abril de 2021 facilitó al entonces capitán de la UCO Juan Vicente Bonilla las primeras sospechas sobre Koldo García, convirtiéndose en pieza clave del entramado.

Como desveló OKDIARIO, la fontanera del PSOE Leire Díaz habría intentado posteriormente convencer a este mismo confidente para que mintiera sobre el origen de las denuncias, sugiriéndole falsamente que había proporcionado datos clave a un ex cargo de la UCO para que el PP de Isabel Díaz Ayuso denunciara las sospechas. La estrategia buscaba «desacreditar la investigación del caso judicial» presentándola como una conspiración orquestada desde Madrid.

El empresario J.L.C. mantuvo correspondencia informal con el agente Bonilla, quien en un mensaje del 8 de abril de 2021 respondió: «Muy estimulante lo que nos contaste. Ve manteniéndome informado porque sería gozoso un achuchón de ese tipo». Estos chats personales, que la UCO debió excluir del sumario por ser opiniones privadas sin interés para la causa, han llegado paradójicamente a las partes personadas.

Sin embargo, cronología de los hechos desmonta cualquier teoría conspiratoria. Las primeras alertas sobre Koldo datan de 2021, cuando la prensa detectó que detrás de la empresa Soluciones de Gestión estaba Juan Carlos Cueto investigado por pagar comisiones millonarias por contratos en Angola, mientras que Juan Vicente Bonilla fue contratado por el Gobierno madrileño como gerente de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud cuatro años después, en 2023.

La denuncia del PP madrileño sobre varios contratos se basó en noticias de periódicos de los años anteriores, no en filtraciones confidenciales. El intento de manipulación testimonial frustrado revela la sofisticación de las operaciones para reescribir los procedimientos judiciales. La estratagema requería la colaboración del testigo clave para construir una narrativa exculpatoria que desplazara la responsabilidad desde los imputados socialistas hacia una supuesta conspiración del PP madrileño.