El juez del ‘caso Zapatero’ investigará el certificado del robot de la Seguridad Social que avaló a Plus Ultra y que desveló OKDIARIO

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido investigar cómo un robot de la Seguridad Social «acreditó» que Plus Ultra no tenía deudas después de una reunión entre el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el entonces ministro José Luis Escrivá. Se trató de un trámite clave para lograr el rescate público de 53 millones de euros que no devuelven y acabó en países como Suiza, Panamá, Puerto Rico y Turquía.

El certificado en cuestión, como desveló OKDIARIO, se generó de forma automática y sin que ningún funcionario lo revisara, pese a llevar la firma de un alto cargo.

Así lo recoge un auto fechado este jueves en el que el magistrado acepta la inhibición acordada por el juez titular del Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid.

Ese juzgado había admitido a trámite la denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias por falsedad documental y prevaricación contra tres altos funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Los denunciados son el director provincial de la Tesorería, Rodrigo Mares; el subdirector general adjunto, José Luis Encinas, y la jefa de sección de la Tesorería de Madrid, Belén Fruiters.

Escrivá, que en 2020 era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ocupa en la actualidad el cargo de gobernador del Banco de España.

Firma automática

El documento que encendió las alarmas es un certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social del 20 de agosto de 2020. Aparece firmado por Encinas Prado y rubricado por Fruiters Casado.

La denuncia de Manos Limpias, basada en un informe pericial encargado por la anterior instructora del caso, la magistrada Esperanza Collazos, atribuye al documento «una importante irregularidad».

Según ese informe, en lugar de encabezarse con la palabra «certifica», el texto se sustituye por la fórmula «acredita que, a la indicada fecha, la sociedad no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la seguridad social».

El perito sostiene que el certificado no tiene validez alguna ante la Administración, porque «no acredita la inexistencia de deudas vencidas pendientes de pago, sino que lo que refiere directamente es que no existe pendiente de pago ninguna reclamación por deudas vencidas». Plus Ultra, en realidad, sí tenía deudas pendientes aunque aplazadas en unos meses.

La diferencia no es menor. Como publicó OKDIARIO el pasado 8 de septiembre, la propia Tesorería ha admitido ante la Audiencia Nacional que el certificado se emitió sin intervención humana.

En una nota interior remitida el 31 de julio de 2026 al Tribunal Central de Instancia, la subdirectora general Silvia Pérez Fernández explicó que, hasta 2023, «el sistema informático consignaba automáticamente el cargo, nombre y apellidos y firma holográfica del titular de la Subdirección General sin intervención de ningún funcionario».

Es decir, el nombre de Encinas Prado se estampó en el documento sin que él interviniera, según la versión del organismo. Una explicación que le viene bien al Gobierno para evitar responsabilidades penales.

La Tesorería ha reconocido, además, que por la ausencia de un registro centralizado antes de 2023 «no es posible identificar cuántos certificados se solicitaron ni el contenido de los mismos» expedidos a Plus Ultra entre enero de 2019 y diciembre de 2021.

Rescate Plus Ultra

Para entender el alcance del caso hay que remontarse a la pandemia. La aerolínea utilizó ese certificado para solicitar el rescate público de 53 millones de euros gestionado por la SEPI.

El 10 de agosto de 2020, Plus Ultra pidió a la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de Madrid dos certificados, a 31 de diciembre de 2019 y a 31 de enero de 2020, «para presentarlo ante la SEPI para la obtención de ayudas del Fondo de Apoyo a la solvencia de empresas estratégicas».

Ese fondo exigía a las beneficiarias «hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social».

Sin embargo, la compañía arrastraba un aplazamiento vivo desde julio de 2017 por un importe original de 183.658 euros, del que quedaban pendientes 71.391 euros. Esa cantidad no aparece mencionada en ninguna parte del certificado.

La fórmula empleada era técnicamente correcta, porque una deuda aplazada y al día de pago no se considera exigible. Pero omitía que existía una deuda de fondo.

No fue el único detalle llamativo de aquel fárrago burocrático. En un correo interno del mismo 20 de agosto de 2020, una funcionaria ya mostró reticencias ante la segunda fecha solicitada por la aerolínea: «Si se le requiere un certificado con esa fecha, deberá acreditar tal exigencia».

Por su parte, el director provincial de la Tesorería ha defendido en su informe que el certificado «se emitió en respuesta a una petición efectuada por la empresa» y que reflejaba fielmente los datos disponibles entonces en el sistema.

La denuncia de Manos Limpias se ha construido a partir de documentación que ya obraba en el caso Plus Ultra antes de que este recayera en el juez Calama, incluido el citado informe pericial.

La causa, conocida también como caso Zapatero, investiga a los directivos de la aerolínea, a Julito Martínez Martínez, señalado como pagador del ex presidente, al propio Zapatero y a Simon Leendert Verhoeven, ciudadano neerlandés personado recientemente mediante un poder notarial otorgado en Ginebra el 10 de julio.

Con la asunción de esta nueva pieza, el foco se desplaza ahora hacia el interior de la Administración. La Audiencia Nacional tendrá que dilucidar si aquella firma de 2020 fue fruto de un simple automatismo y qué supone eso. Por primera vez en este caso, un algoritmo podría tener que rendir cuentas ante un juez.