El juez del ‘caso Koldo’ ordenó a la UCO ir a la sede de Adif en busca de pruebas de obras investigadas

El juez Ismael Moreno, instructor del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ordenó a principios de este mes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personara en la sede de Adif para recabar documentación y adicional y pruebas sobre determinadas obras públicas que están siendo investigadas.

Así lo refleja un oficio de la UCO al que ha tenido acceso OKDIARIO, enviado al magistrado dentro de la pieza separada que indaga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de obra pública vinculados al Ministerio de Transportes.

El 8 de septiembre, Moreno ordenó específicamente a los agentes que solicitaran en Adif un informe sobre los trabajos ejecutados por la constructora Levantina en la red ferroviaria de Asturias. Tres días después, el 11 de septiembre, los investigadores se presentaron en las instalaciones de Adif y entregaron el requerimiento judicial a un responsable de Coordinación de la Dirección General Financiera de Compras y Contratación.Ese mismo día, la secretaria general de Adif, Irene Bonet, remitió por correo electrónico a la UCO un primer informe relativo a unas obras en un tramo ferroviario.

Según ese documento, se trataba de la reparación de un tramo de vía dañado por el desprendimiento de tierras y arbolado, incidente que provocó el descarrilamiento de un tren y causó heridos leves. El presupuesto inicial de la actuación ascendía a 489.300 euros, aunque Adif finalmente reconoció a la empresa 373.405,45 euros por los trabajos realmente realizados.

De acuerdo con el criterio del juez, estas obras habrían sido adjudicadas de forma reiterada a distintas constructoras, entre ellas Levantina, con el supuesto objetivo de obtener de manera fraudulenta contratos públicos a cambio de contrapartidas económicas destinadas tanto al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, como a su asesor Koldo García.

Ambos fueron condenados por el Tribunal Supremo a 24 y 19 años de prisión, respectivamente.

Moreno también señala que los contratos presuntamente amañados permanecían bajo el control del Ministerio de Transportes, de Adif y de la Dirección General de Carreteras. En ese esquema, Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, y Javier Herrero, director general de Carreteras —ambos imputados en la causa—, habrían actuado como facilitadores dentro de sus respectivos ámbitos para que las adjudicaciones salieran adelante.