El juez cree que las cloacas del PSOE contra los jueces se gestaron en Ferraz tras la imputación de Begoña Gómez
La trama de Cerdán y Leire ofreció 300.000 € a un fiscal y 50.000 a un testigo para torcer su declaración
El juez Pedraz sitúa el origen de la trama en la reunión celebrada en la sede del PSOE
El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz considera que la trama criminal orquestada para «desestabilizar» procedimientos judiciales y policiales contra el PSOE y el Gobierno tuvo su punto de arranque en una reunión celebrada en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, convocada a raíz de la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los cinco días de reflexión que este se tomó antes de dirigir su célebre Carta a la Ciudadanía.
La resolución del juez Pedraz señala como arquitectos de la trama al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a Leire Díez. Según el instructor, la actividad criminal habría comenzado a desplegarse precisamente en el momento en que el partido se encontraba «gravemente afectado» por la apertura consecutiva de procedimientos judiciales contra miembros del partido o familiares del presidente.
La reunión en la sede socialista, según el auto que publica El Mundo, fue el «punto de inflexión». Contó con la participación de Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, además de varios miembros de la estructura orgánica del partido. Entre ellos, el propio Santos Cerdán e Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE.
Cloacas del PSOE
El auto atribuye a Cerdán «la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, con el propósito principal de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno».
Según el magistrado, el plan habría incluido el ofrecimiento a «funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales, de remuneraciones o favores a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos».
Una conducta que, de confirmarse, constituiría un ejemplo palmario de corrupción institucional por parte de quienes habrían actuado como intermediarios entre el poder político y los cuerpos del Estado.
El juez también señala que se habría establecido como premisa «atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales por los magistrados instructores».
Los afectados por esta estrategia serían los magistrados Beatriz Biedma –del caso hermano de Sánchez–, Mercedes Ayala –del caso de los ERE– y Juan Carlos Peinado –del caso Begoña Gómez–, contra quienes se habrían dirigido «sucesivas denuncias infundadas».
Asimismo, la resolución recoge que la misma estrategia se habría extendido contra la Fiscalía Anticorrupción y la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Facturas falsas y 4.000 € al mes
Para financiar la operación, el juez señala que Cerdán «habría acordado remunerar» a Leire Díez «por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido».
El pago se habría canalizado a través de una empresa de Gaspar Zarrías, que «prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica», con la intervención además del letrado Ismael Oliver –que defendió en origen a Koldo García–, al que el instructor atribuye haber canalizado parte de esos fondos.
El auto señala además que el PSOE y Cerdán habrían pagado a Leire Díez mediante facturas falsas, con el objetivo de ocultar la verdadera naturaleza de los servicios prestados y tapar los distintos casos judiciales abiertos contra el partido y el Gobierno.
La UCO, cuya labor investigadora es objeto de los presuntos ataques descritos en el auto, se ha personado este miércoles en la sede del PSOE en la calle Ferraz para requerir documentación clave del caso.
La Audiencia Nacional ha ampliado además la investigación del denominado caso SEPI, relativo al rescate de Tubos Reunidos y a contratos de empresas públicas como ENUSA o SEPIDES, como adelantó OKDIARIO.
La historia recordará que una carta escrita para ganar tiempo acabó siendo, según la justicia, el pistoletazo de salida de una trama ilegal. El silencio de cinco días tuvo, a la vista de los acontecimientos, mucho ruido dentro.
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