España
Elecciones Generales 29-N

Los jueces estallan contra las promesas electorales de regularizar a los sustitutos: «Se sospecharía de decisiones políticas»

La AJFV cuestiona los programas del 29N y ve riesgos para la independencia judicial

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) califica de «preocupante» el «nuevo intento de regularización de los jueces sustitutos» que aparece en las propuestas electorales para los comicios generales del 29 de noviembre. La asociación ha advertido de que quienes deciden «sobre cuestiones tan importantes como la libertad, la familia o el patrimonio de los ciudadanos» no pueden «estar bajo la sospecha de que la condición de juez depende de decisiones legislativas o políticas y no de un procedimiento selectivo objetivo».

La crítica llega días antes de la cita con las urnas. La AJFV ha analizado, a petición de OKDIARIO, los programas de los principales partidos y ha separado con nitidez lo que considera avances de lo que interpreta como amenazas para la independencia judicial.

Su objeción principal se centra en el acceso a la carrera. A su juicio, la precariedad laboral de los sustitutos no puede resolverse con «un procedimiento extraordinario de acceso a la carrera judicial que prescinda de las garantías ordinarias de mérito y capacidad».

Según la asociación, esa vía situaría en «una posición desfavorable» a «quienes acceden mediante el procedimiento ordinario de oposición».

Lo que dicen los programas

El programa del PSOE, titulado «La fuerza de seguir avanzando», incluye entre sus compromisos «acabar con el abuso de la temporalidad mediante un proceso de regularización de jueces y fiscales sustitutos, respetando los principios de mérito y capacidad». Los socialistas sostienen, por tanto, que su propuesta preserva las mismas garantías que la AJFV reclama.

El documento de Podemos «Así de básico: paz, casa y trabajo» va más allá en la reforma del acceso. Propone que «la mitad de las plazas sean por concurso», con mecanismos de «participación ciudadana», y que la preparación de las oposiciones se realice mediante «un posgrado universitario a precios públicos». Irene Montero quiere acabar con las oposiciones y que la gente vote a los jueces por afinidad ideológica y no por motivos técnicos.

Críticas a vetar los cursos

La AJFV también ha dedicado una crítica áspera y sin matices, al régimen de incompatibilidades. Sostiene que «la independencia económica de los jueces forma parte esencial de la independencia judicial» y rechaza que se impida remunerar la docencia universitaria, las conferencias o la preparación de opositores.

«Con dicha incompatibilidad se pretende limitar la autonomía del juez, reforzando su dependencia económica del poder político», ha denunciado la asociación.

En esta materia, el PSOE plantea «un registro público de preparadores», la «autorización de compatibilidad para quienes preparen oposiciones» y «la prohibición de la financiación privada de las asociaciones judiciales y fiscales». Los socialistas quieren prohibir los fondos de empresas en las asociaciones judiciales que le están plantaron cara.

El programa de Podemos propone obligar a los jueces a publicar sus ingresos, «incluidas las relacionadas con cursos de formación y preparación de oposiciones».

Elección del CGPJ

No todo han sido reproches. La AJFV ha valorado como «muy positiva» la propuesta de regular los nombramientos del Tribunal Supremo con «criterios objetivos y transparentes». Considera que puede ayudar a reducir «la percepción de politización de nuestro máximo órgano jurisdiccional, que constituye un importante problema institucional».

También ha aplaudido que se fije un plazo durante el cual los jueces que hayan ocupado cargos políticos no puedan formar parte de tribunales que juzguen «asuntos de trascendencia política».

Sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la asociación ha reiterado que los 12 vocales judiciales deben ser elegidos «por los propios jueces y magistrados». Ha añadido que esa elección debe seguir «un sistema proporcional» que refleje «la pluralidad real de la carrera, incluidos los jueces no asociados».

El programa de Podemos defiende, en cambio, que el Congreso elija a esos vocales por «mayoría absoluta» y con el respaldo de «al menos la mitad de los grupos parlamentarios». Su horizonte a largo plazo es la «elección directa por la ciudadanía».

El órgano de gobierno de los jueces arrastra un historial de parálisis. El propio programa socialista recuerda que la renovación del CGPJ llegó «tras más de cinco años de bloqueo del PP».

Instrucción y Fiscalía

Ambos programas de Podemos y PSOE coinciden en trasladar la investigación penal al Ministerio Fiscal. El PSOE propone una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1882, un «mandato de cinco años» para la Fiscalía General desvinculado de la legislatura y «la prohibición de instrucciones del Gobierno sobre casos concretos».

El programa de Montero considera que la instrucción judicial es «una anomalía procedente del sistema inquisitivo de instrucción penal».

La AJFV ha alertado de un «evidente riesgo de injerencias políticas» si el cambio se produce «sin garantizar previamente la autonomía real del Ministerio Fiscal». Por eso exige que la reforma del estatuto fiscal sea «previa a cualquier asunción de nuevas competencias».

La asociación también ha señalado lo que falta en los programas. Ha denunciado «una completa omisión de la cuestión relativa a las cargas de trabajo» y ha lamentado que no se advierta «el compromiso de creación de nuevas plazas judicial, ni de convocatoria de oposiciones». El PSOE sí menciona «más jueces y fiscales» y la ampliación de plantillas, aunque sin cifras concretas.

El último frente abierto son los Tribunales de Instancia. El PSOE los ha presentado como la sustitución de «los juzgados unipersonales del siglo XIX». La AJFV, en cambio, sostiene que sus resultados «no pueden considerarse positivos» por ahora y pide «una revisión independiente y técnica».

Así, a pocos días de las elecciones, los jueces han querido recordar a los partidos que la toga no es una pieza más del tablero electoral. Las urnas decidirán el 29 de noviembre quién mueve ficha. La AJFV ya ha dejado claro que vigilará cada jugada.