Los jueces de la asociación mayoritaria piden huelga contra las reformas de Sánchez
El 87 % han votado a favor de la huelga contra las reformas legales del Gobierno que atacan "la salud democrática"
La inmensa mayoría de los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han pedido huelga contra las reformas con las que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere cambiar la ley para garantizarse más jueces y fiscales afines.
En el sondeo han participado 873 jueces, el 60,18% de asociados, y han votado con un «sí» 763, el 87,39%.
El pasado 13 de junio la APM, que es la asociación mayoritaria de jueces, celebró esta consulta interna para conocer la opinión de sus asociados sobre la pertinencia de convocar esta huelga contra el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Dos reformas de las que jueces y fiscales exigen su retirada porque «suponen una amenaza a la independencia judicial y a la autonomía del Ministerio Fiscal» y en consecuencia, «ponen en peligro el Estado de Derecho». Un peligro del que ya han avisado a Europa.
Sólo 110 jueces de los que han participado en la encuesta, el 12,61%, ha votado con un «no». La Comisión Permanente de la APM se reunirá esta tarde para valorar el resultado de la consulta e informará de la decisión alcanzada.
Histórico paro
Jueces y fiscales de toda España se movilizaron el pasado miércoles frente a las sedes judiciales contra estas reformas. Un paro histórico que fue convocado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y secundado por «cerca del 70 %» de los jueces y fiscales en activo.
Tras el «éxito masivo» de la protesta, las asociaciones convocantes anunciaron aquel mismo día, a última hora de la tarde, que sopesan una huelga porque «ante la persistencia de reformas que erosionan pilares esenciales del sistema judicial, es necesario mantener y, en su caso, intensificar la respuesta institucional». Durante el paro ya habían avisado que para que no se consuma esta felonía no descartaban la adopción de «medidas de conflicto más intensas, como la huelga».
Así, han celebrado una consulta a sus bases para valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga en ambas carreras. Si este respaldo mayoritario se confirma, convocarán la huelga, «como medida legítima, responsable y proporcionada frente a unas reformas legislativas que comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal».
La movilización principal del pasado miércoles se celebró frente a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, que contó con un apoyo ciudadano masivo y donde jueces y fiscales fueron arropados por la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).
AUGC y SUP, en defensa de la UCO
La AUGC y el SUP participaron en la protesta para «acompañar a jueces y fiscales, y apoyar a la UCO». Se oponen de plano a que la Fiscalía asuma la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, como pretende el Gobierno una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de las causas penales.
Las asociaciones de guardias civiles muestran su rechazo a que la UCO quede en manos de la Fiscalía porque el Gobierno, que «tiene abandonados a los guardias civiles, ahora quiere tenerlos sumisos», según denuncia en OKDIARIO la AUGC, asociación decana. «La policía judicial debe estar al servicio de la Justicia y no del poder político y sus aledaños», ha declarado a este diario el secretario general de la AUGC, Juan Fernández Hernández.
«Vamos a acudir al GRECO, a la Comisión de Justicia y Seguridad, y al Parlamento Europeo en su conjunto, donde nos reuniremos con los grupos parlamentarios», explica Fernández, que no descarta ninguna iniciativa jurídica «porque esto es un atropello». De consumarse, se está planteando «una gran concentración de protesta contra este Gobierno».
Gritos de «¡Peinado, estamos a tu lado!»
En este paro histórico se escucharon gritos en apoyo al magistrado que investiga a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno: «¡Juez Peinado, estamos a tu lado!». «¡Independencia judicial!» y «¡Los jueces no se tocan!» fueron otros de los cánticos de ciudadanos espontáneos que arroparon a jueces y fiscales en su protesta.
Combaten así los ataques que Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, está sufriendo desde el Gobierno simplemente por hacer su trabajo. Desde que comenzó a instruir la causa abierta contra la esposa de Sánchez por cuatro delitos es víctima de ataques verbales y también de acciones judiciales para intentar frenar la instrucción de esta causa. Tanto el presidente del Gobierno como su mujer presentaron querellas contra él que, sin embargo, fueron tumbadas por la Justicia.
También ha sufrido ataques del poder político la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz, que actualmente se encarga del procedimiento penal abierto al hermano del presidente, David Sánchez. Muchos jueces han estado en la diana por parte de miembros de este Ejecutivo, incluidos ministros.
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