La jefa de ETA ‘Anboto’ sale en semilibertad tras cumplir sólo 6 de los 700 años de condenas en España

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 23/03/2026 13:53
  • Actualizado: 23/03/2026 15:51

La ex jefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, sale en semilibertad este lunes tras cumplir sólo seis de los 700 años de sus condenas en España. Saldrá de prisión de lunes a viernes porque el Gobierno vasco le ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, con el que recientemente también ha beneficiado los etarras Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, con una condena a 377 años de prisión; y Jon Bienzobas, conocido como Karaka, asesino del catedrático y jurista Francisco Tomás y Valiente.

Las víctimas del terrorismo consideran «injustificable» que se haya concedido esta medida excepcional de semilibertad a una ex jefa de ETA con un historial criminal de extrema gravedad y pese al escaso tiempo cumplido en prisión, así como por su «total vinculación» con la izquierda abertzale.

El Gobierno vasco también concedió el pasado mes de marzo el tercer grado al etarra Asier Arzalluz, uno de los asesinos del periodista José Luis López de Lacalle. Las víctimas del terrorismo también denunciaron en este caso que era una «amnistía encubierta» y reclamaron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que ejerza su función y lo recurriera.

Con éste, ya ascienden a 114 los terceros grados concedidos por el Gobierno vasco a 94 etarrasdesde que asumió la competencia de las tres prisiones de esta comunidad autónoma española. Actualmente, están en tercer grado 57 etarras de un total de 121.

El historial de ‘Anboto’

Anboto fue extraditada en septiembre de 2019 a nuestro país desde Francia, tras cumplir 16 años de prisión por pertenencia a organización terrorista, para ser juzgada por 12 causas. Ipaguirre fue detenida en el país galo en octubre de 2004 junto a su pareja, quien por entonces era el máximo responsable del aparato político de la banda terrorista, Mikel Albisu, alias Mikel Antza.

En el primer juicio que enfrentó en España fue condenada a 122 años de cárcel por dar la orden de asesinar al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, perpetrado el 22 de diciembre de 1995 en León, mediante la explosión de una bomba lapa adosada bajo el asiento de su vehículo, y por suministrar el material explosivo para cometerlo.  Esta condena se le impuso la Audiencia Nacional en julio de 2020 y ya es firme.

En marzo de 2021, también sentenció a esta ex jefa de ETA a 61 años de prisión por dos atentados. Uno, contra policías que vigilaban la entrada de las oficinas del DNI en Bilbao, cometido en enero de 1995, en el que fue asesinado un agente y otro resultó gravemente herido. Y otro, contra una entidad bancaria de Gecho (País Vasco) en 1994.

En abril de 2021, la AN condenó a otros 39 años por el asesinato del cartero de Amurrio (Álava) Estanislao Galíndez el 26 de julio de 1985. La víctima, de 63 años, estaba casada y tenía siete hijos.

Posteriormente, se le impusieron 425 años de cárcel por un atentado frustrado contra un dispositivo de la Policía Nacional en el polideportivo de Mendizorroza (Vitoria) en 1985. Asimismo, ha sido condenada a 46 años de cárcel por la colocación en 1987 de una bomba trampa en la puerta de un bar de Eskoriatza (Gipuzkoa) que afortunadamente se saldó sin víctimas.

También ha sido condenada a 15 años de prisión por ordenar el asesinato del Rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997.

Anboto fue una de las dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva en mayo de 2018. El otro etarra fue Josu Urrutikoetxea Benoetxea, alias Josu Ternera.

Es escandaloso, denuncian las víctimas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha censurado la concesión del régimen de semilibertad a esta individua, ya que es «una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista».

Covite denuncia que resulta «escandaloso» que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido «muy poco tiempo de prisión en España». Una decisión que lconsidera especialmente grave tanto por la trayectoria criminal de la penada, como por el escaso tiempo que lleva cumpliendo condena en España.

Figura central de la organización terrorista

A juicio del colectivo, este caso ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado «de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado».

Covite considera que no es casual que esta medida se haya aplicado precisamente a Soledad Iparraguirre. «Anboto no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política», señala la presidenta del Colectivo de víctimas del País Vasco, Consuelo Ordóñez, destacando que «está claro que estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale».

Y subraya que «precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las ¾ partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado».

«Ésta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado. Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad», advierte Ordóñez.

Además, Covite subraya que la concesión del artículo 100.2 a Anboto resulta todavía más inaceptable porque no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas, sino «al contrario: su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación, y sin embargo no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido.

«No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos. En delitos de terrorismo, la reinserción no puede medirse con los mismos parámetros que en la delincuencia común. Aquí hablamos de crímenes cometidos para imponer un proyecto político mediante la violencia. Por eso, la reinserción exige algo más que trámites burocráticos: exige una ruptura real con quienes justificaron y todavía hoy justifican el terrorismo», recalca Ordóñez.

Vaciar las cárceles de etarras

Para Covite, la reiteración de decisiones de este tipo confirma que «el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a «acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale».

Consuelo Ordóñez afirma que eso se está produciendo así porque estamos ante «la culminación de la última exigencia de ETA que quedaba por cumplir en este final de ETA negociado que vivimos: vaciar las cárceles, en palabras de la propia izquierda abertzale».

Y critica que «se está haciendo exactamente como ellos quieren: sin exigirles arrepentimiento ni una desvinculación real del entramado político y social que sostuvo el terrorismo de ETA durante décadas». «Las consecuencias de este final de ETA indigno las estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares», insiste Consuelo Ordóñez.