La investigación del Parlamento de Canarias sobre las mascarillas concluye que Torres impulsó a la ‘trama Koldo’

• Nacho Atanes @nacho_atanes
• Redactor de Nacional en OKDiario. Antes, en deportes y SEO. ignacio.atanes@okdiario.com
• • 09/07/2026 12:55
  • Actualizado: 09/07/2026 12:55

La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre el denominado caso Mascarillas en las Islas ha concluido este jueves, después de más de dos años desde la apertura de la misma, que Ángel Víctor Torres, ex presidente del Gobierno canario y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, impulsó la trama Koldo. 

En el informe-dictamen de la comisión del Parlamento de Canarias, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se atribuye la «responsabilidad política principal» al Gobierno de Canarias, proyectándose de manera específica sobre el entonces presidente, Ángel Víctor Torres, sobre el ex director de Gabinete, Antonio Olivera, y sobre los responsables de Sanidad del ejecutivo regional.

El informe detecta una grave quiebra de control político sobre fondos públicos esenciales. Además, advierte de un patrón de gestión desordenada, opaca y carente de los controles mínimos exigibles en la compra de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.

La comisión denuncia la sustitución de órganos reglados por comités informales que vació de garantías la dirección de la crisis, así como la creación de una estructura orgánica ad hoc y de un Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria que jamás se constituyó oficialmente y que jurídicamente no existía. Asimismo, los expedientes de empresas como Soluciones de Gestión, empresa de la trama, revelan una intervención política directa y activa ajena a los procedimientos administrativos ordinarios.

El dictamen afecta de manera directa y severa a la credibilidad política de Torres, actual ministro de Pedro Sánchez a través de una serie de puntos clave. En primer lugar, la comisión de investigación, en su conclusión, resalta la falta de credibilidad en su desconocimiento de los hechos y tacha de «políticamente no creíble» la tesis sostenida por su equipo de que el Gobierno se enteró de las irregularidades del contrato de 4 millones de euros con la empresa RR7 United S.L. únicamente a través de la prensa. Además, califica la reacción del Ejecutivo liderado por Torres ante este escándalo como tardía, insuficiente y políticamente inaceptable.

Por otra parte, señala a Ángel Víctor Torres por su impulso y seguimiento personal de actuaciones irregulares. El informe desmiente la posibilidad de que el expresidente se mantuviera en una posición ajena o distante en la gestión de los contratos. Concretamente, determina que Torres siguió e impulsó personalmente actuaciones incompatibles con la debida distancia de un presidente en los expedientes de contratación, como en el caso de Soluciones de Gestión.

Torres, según concluye la comisión, tomó la decisión personal de cesar a la Consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, y a la Directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Blanca Méndez, justo cuando gestionaban la crisis con eficacia, sin aportar nunca una explicación política convincente. Asimismo, el informe expone que el polémico nombramiento de Conrado Domínguez como coordinador, pese a que, entonces, era alguien ajeno al ámbito sanitario, en respuesta a una decisión personal y política de Torres, generó tensiones internas y desconfianza en su propio entorno.

Por último, la comisión de investigación de las mascarillas deja constancia de que existen contradicciones flagrantes entre lo declarado por los responsables políticos ante la comisión de investigación y los hechos que han sido posteriormente acreditados por la documentación. Estas discrepancias, según el texto, «gravan el reproche y la responsabilidad política» directamente sobre su figura.