Iglesias contra las cuerdas: el juez pide a la Policía Científica un 2º análisis de la tarjeta de Dina

Pablo Iglesias al borde de la imputación. El juez Manuel García-Castellón da un nuevo paso en el caso Dina, en el que se investiga cómo llegó a la redacción de la extinta Interviú la tarjeta SD del teléfono móvil de Dina Bousselham, y solicita a la Policía Científica que realice una pericial para conocer si realmente puede acceder a los archivos del interior.

De esta manera, el instructor ha reactivado la causa después de que el Tribunal Supremo le devolviera la exposición razonada –en la que solicitaba la imputación de Iglesias y otros miembros de Podemos– al considerar que debía agotar la investigación.  Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional dicta una providencia en que acuerda «requerir a la Sección Técnica de Ingeniería e Informática Forense de la Unidad de Policía Científica para que informe si es técnicamente posible el acceso a la información contenida en la tarjeta de Dina Bousselham».

El juez avanza la causa con nuevas diligencias para dar por terminada la instrucción y devolver la exposición razonada al Alto Tribunal, órgano competente para investigar al líder de Podemos debido a su condición de aforado.

Es previsible que el magistrado, una vez tenga sobre la mesa esa pericial informática, ordene nuevas diligencias en el marco de esa pieza separada número 10 de la caso Tándem. De hecho, ya en su nuevo escrito indica que la pericial de la tarjeta se realiza con carácter previo a practicar las nuevas diligencias instadas por el Tribunal Supremo.

Resolución del Supremo

La Sala de Admisiones del Tribunal Supremo se pronunció a finales de enero y, en línea con el informe del Ministerio Fiscal, optó por devolver la investigación contra Pablo Iglesias como presunto autor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación delito por la destrucción de la tarjeta de teléfono de su ex asesora, Dina Bouselham, a la Audiencia Nacional.

Así, el auto del magistrado Andrés Palomo subrayaba que García-Castellón debía seguir investigando y que, si encuentra más pruebas de la comisión de los delitos o falta de ellas en alguno, vuelva a elevar la exposición razonada al Supremo, único lugar en el que se puede investigar e imputar a Iglesias debido a su aforamiento.

Los ocho fiscales de Lo Penal del Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Pilar Fernández Valcárcel, Juan Ignacio Campos, Fernando Rodríguez Rey y José Luis Bueren enviaron el pasado seis de noviembre un informe a la Sala de Admisiones del Alto Tribunal en el que especificaban que: «En el caso ahora examinado. Existen indicios sólidos de la posible existencia del delito» en referencia a la revelación de secretos.

Daños informáticos

Estas nuevas diligencias serán claves para determinar el delito de daños informáticos que se le imputa al vicepresidente segundo del Gobierno. El Alto Tribunal no descarta que Iglesias pudiera ser imputado por este delito.  Sin embargo, en su escrito consideró necesaria «una ampliación de la pericial informática realizada sobre los daños en la tarjeta» para precisar las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cual fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso. Un solicitud que ahora ha tramitado el juez García-Castellón.

Hay que recordar que el líder de Podemos recibió la tarjeta de su ex asesora el 21 de enero de 2016 de mano del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. El empresario le citó en la sede de la extinta revista Interviú meses después de que llegará la SD del teléfono móvil de Bousselham.

Iglesias visualizó el contenido de la misma, sin el consentimiento de la dueña, y la guardó en su poder durante varios meses. En una fecha que hasta el momento no ha podido determinarse, pero que los investigadores sitúan hasta al menos seis meses después de que Asensio le entregara la tarjeta a Iglesias, el líder de Podemos le proporcionó la tarjeta de almacenamiento a su propietaria. Para entonces ésta ya estaba inservible y no podía accederse al contenido de la misma.