La idea del Tribunal Supremo es decretar prisión incondicional el jueves sólo para Forcadell

El próximo jueves nueve de noviembre Carme Forcadell volverá a pisar el Tribunal Supremo. Y en esta ocasión, según la idea del alto Tribunal, lo hará para quedarse en prisión. La ex presidenta del Parlamento catalán seguirá, de este modo, los mismos pasos que Oriol Junqueras y el resto de ex consellers que ya se encuentran en la cárcel.

La idea de la que parte el Tribunal Supremo no pasa por aplicar el mismo trato al resto de los miembros depuestos de la Mesa del Parlamento autonómico. Ellos podrían acceder a fianza para eludir esa medida cautelar o directamente no quedar bajo esta medida, según los planes del TS.

Ellos son los parlamentarios catalanes que han mantenido su condición de aforados por ser miembros de la Diputación Permanente de la Cámara: el que fuera miembro de la Mesa hasta el pasado mes de julio y actual presidente del grupo Junts pel Sí, Lluís Maria Corominas; y los también miembros de la Mesa y diputados del mismo grupo Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet. El secretario tercero de la Mesa, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, no forma parte de la Diputación Permanente, pero también está en el grupo de querellados que, en principio, tendrían posibilidad de eludir la prisión preventiva incondicional.

La Fiscalía les atribuye a todos ellos, incluida a la presidenta del Parlament -Carme Forcadell-, delitos de rebelión, sedición y malversación por haber tramitado las votaciones en la Cámara de todas las resoluciones relacionadas con el golpismo, entre ellas, por supuesto, la declaración unilateral de independencia.

Para todos ellos, además, el Tribunal Supremo impuso la semana pasada, a petición de la Fiscalía, un sistema de «control policial» 24 horas al día para evitar cualquier posibilidad de fuga. Para ejercer esta vigilancia, el magistrado ordenó desde entonces y hasta que comparezcan el próximo jueves, que facilitasen un domicilio y un número de teléfono móvil, además de ordenar ese control permanente.

La vigilancia se ha acordado para tener la certeza de que seguirán a disposición de la justicia, a causa, principalmente de dos factores. El primero, las altas penas que implican sus delitos -de hasta 30 años de cárcel-, lo que puede disparar la tentación de fugarse en los acusados. Y el segundo, la fuga de Carles Puigdemont, lo que ha ratificado el riesgo de escapada.

Hay que recordar que el ex presidente catalán ya depuesto y los ex consejeros Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, acusados de los mismos delitos que el resto, no acudieron a la citación judicial provocando, de hecho, la euro orden de detención.