El gran sindicato de funcionarios planta cara a Torra: pide a su gente que denuncie las ilegalidades

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 19/05/2018 03:18
  • Actualizado: 19/05/2018 04:52

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha decidido plantar cara a Quim Torra y ha vuelto a activar el mecanismo de denuncia de ilegalidades separatistas para que los empleados públicos -afiliados a ellos o no- puedan denunciar los actos contrarios a la Constitución y la ley que les pueda exigir el nuevo Govern golpista.

La protección, además, no se limitará a denunciar los actos. A partir de ese momento el sindicatos CSIF se encargará de denunciar el hecho para intentar frenar la ilegalidad y, además, de dar protección legal y proyección mediática a los afectados por las ilegalidades separatistas.

La actitud apolítica y totalmente defensora de la legalidad llama la atención en comparación con el respaldo a planteamientos separatistas que están teniendo UGT y CCOO en Cataluña.

CSIF, que colabora ya con el Ministerio de Educación en la denuncia de abusos sobre los profesores, ha realizado ya esta práctica en el pasado más reciente. Pero considera conveniente refrescar este sistema ante la evidencia de prácticas ilegales bajo el 155 y, mucho más, previsiblemente, a la luz de los anuncios que ha realizado el nuevo Presidente regional catalán Quim Torra.

El objetivo es simplemente “velar por la seguridad jurídica”. Porque, por ejemplo, los “docentes en Cataluña sufren a diario dificultades en el ejercicio de su profesión y se sienten señalados políticamente por el independentismo en sus centros educativos”, tal y como señala CSIF.

CSIF, de hecho, ha trasladado ya al Ministerio las presiones que sufre el profesorado en Cataluña por parte de instituciones de la Generalitat y simpatizantes del independentismo en el ejercicio diario de su profesión.
En este contexto, Educación, tras las gestiones de CSIF, ha solicitado toda la información posible al respecto para determinar las circunstancias que han motivado la suspensión de actividad de un profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria de Barcelona.

CSIF asimismo ha interpuesto un recurso contra la última convocatoria de personal interino docente en los centros públicos de Cataluña al entender que los criterios de selección son contrarios a derecho. Esta convocatoria, de manera excepcional, abre la puerta a la inscripción en las bolsas de trabajo a personal que no cumple con los requisitos de titulación obligatorios, tanto a nivel autonómico como a nivel estatal. De hecho, elimina el máster necesario para los profesores a cambio de primar más la lengua catalana.

Y es que la Generalitat ha instaurado un sistema de selección de docentes que permite ejercer sin la titulación obligatoria, siempre que se hable en catalán. La Ley Orgánica de Educación establece que para poder ejercer la profesión docente en los niveles posteriores a Infantil y Primaria debe ir obligatoriamente acompañada de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Posgrado y, por tanto, estar en posesión de la titulación requerida, en concreto, un título oficial de máster. Sin embargo, la convocatoria de la Generalitat pretende esquivar este requisito.

La Generalitat ya intentó echar por tierra esta regulación en el pasado, mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto que determina las condiciones de formación. En este sentido, el Alto Tribunal resolvió en 2014 la constitucionalidad, vigencia y aplicación en todo el Estado de esta normativa. La intención de la Administración de admitir en la bolsa de trabajo a personal docente sin la titulación obligatoria puede suponer una disminución del nivel educativo ofertado, vulnerando el derecho a la educación en toda su extensión y por ende puede producir un perjuicio para el alumnado. Además, se puede generar un agravio comparativo y discriminatorio respecto a los centros privados, donde los docentes sí que tienen la titulación mínima exigida por Ley.