El Govern: Rajoy tiene «presos políticos» por un «tribunal heredero del franquista de Orden Público»

El consejero de la Presidencia, Jordi Turull, ha considerado hoy una «vergüenza democrática» que en España haya «presos políticos en pleno siglo XXI», en referencia al encarcelamiento de los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviara este lunes a prisión sin fianza por sedición a Sànchez y Cuixart, Turull ha subrayado que se trata de «dos personas inocentes» que han sido encarcelados por un «delito inexistente», por decisión de un «tribunal incompetente» que es «heredero» del Tribunal de Orden Público franquista.

Para Turull, se trata de «un nuevo episodio de vergüenza democrática por parte del Estado español», una «injusticia» que «no habríamos pensado que viviríamos nunca».

«No sólo han encarcelado a dos personas que siempre han actuado de manera pacífica, sino que han militado desde siempre en el pacifismo», ha remarcado.

El Govern ha expresado su apoyo a «todas las movilizaciones en defensa de los derechos y las libertades» convocadas por la ANC y Òmnium y ha hecho un llamamiento «muy rotundo y especial a la serenidad».

Las «manifestaciones cívicas y pacíficas» serán, ha dicho, «el mejor homenaje» a Sànchez y Cuixart, por lo que «sobre todo no hay que caer en provocaciones de los diferentes estamentos del Estado».

A las 20.00 horas se ha convocado una concentración en el centro de Barcelona con velas para reclamar la liberación de Sànchez y Cuixart, a la que no asistirá el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para preservar su rol institucional, según Turull.

En la misma rueda de prensa, el consejero encargado de internacionalizar el desafío separatista, Raül Romeva, ha asegurado que el Estado cometió «ocho ilegalidades» y «violaciones» de la ley el pasado 1 de octubre, día del referéndum ilegal —cuya ley ha sido declarada inconstitucional definitivamente este martes—, cuyas consecuencias «no pueden ser consideradas asunto interno español».

En su opinión, «cada vez más hay una absoluta percepción de indefensión jurídica en el Estado español», donde «no hay separación de poderes y hay una vergonzosa instrumentalización de la Justicia».

Romeva ha desgranado esas «ocho ilegalidades», empezando por «perseguir judicialmente a gente con amenazas, hoy de prisión».

También, el despliegue de Policía Nacional y «policía militar» —como ha ‘bautizado’ a Guardia Civil— de manera «irregular y sin seguir uno sólo de los procedimientos adecuados, sino vulnerando el marco legal vigente», como también la «asignación de un coronel de la Guardia Civil para dirigir a los Mossos d’Esquadra».

Ha acusado al Fiscal General del Estado de abrir una investigación sobre crímenes de sedición «inexistentes»; la apertura de «correos postales personales y privados sin orden judicial»; el cierre de «centenares» de webs; las «amenazas» a medios de comunicación catalanes e «internacionales»; la incautación de material electoral; y la prohibición de actos públicos «vulnerando el principio fundamental de libertad de reunión y expresión».