Puigdemont golea a Sánchez: la amnistía incluye el terrorismo de Tsunami, la traición y la malversación

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 06/03/2024 21:34
  • Actualizado: 07/03/2024 09:28

El Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo con Junts para modificar de nuevo la Ley de Amnistía, de forma que supere la votación en el Congreso de los Diputados. Según ha podido saber OKDIARIO, el texto final recoge todas las exigencias de la formación separatista en el apartado de terrorismo, excluyendo la tortura y los tratos humanos degradantes, como recoge el mencionado artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. También adapta la alta traición, al quedar excluida sólo cuando implica el «uso de la fuerza efectiva e incumple las resoluciones de Naciones Unidas en materia de invasiones», esencial para sortear la trama rusa; e incorpora la malversación, en el caso de que no haya habido enriquecimiento personal.

De este modo, Puigdemont ha logrado que el texto definitivo incluya todas sus aspiraciones, ya sea de forma definida o por exclusión, dejando fuera el terrorismo según los estándares europeos y no el Código Penal español, lo que permite incluir dentro de la amnistía todos los los hechos que afectan a Tsunami, su verdadero objetivo. El PSOE se pliega así por completo a las reclamaciones de Carles Puigdemont y cierra una ley a medida, que blinda a todos los encausados por el procés.

Los separatistas han pactado con el PSOE una enmienda transaccional, es decir, una de las que se habían quedado vivas de cara a ser negociadas hasta la Comisión de Justicia de este jueves. Así, en lo referido a los delitos terroristas, únicamente quedarán fuera de la amnistía «los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo según la directiva europea de 2017 y a su vez hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos reguladas en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos», que aluden al derecho a la vida y a la prohibición de la tortura, respectivamente. El nuevo redactado de la ley borrará por completo la alusión a los «delitos de terrorismo castigados en el Código Penal», que constaba en la versión anterior.

Tsunami

Esto significa, interpretan los separatistas, que la ley sí abarcará los delitos cometidos en los violentos altercados promovidos por Tsunami. El pacto se produce apenas unos días después de que el Tribunal Supremo confirmase la consideración del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, de que estos hechos «se incardinan en el delito de terrorismo».

Por otro lado, incluir el delito de traición en la amnistía, como también reclamaba Puigdemont, tiene importantes consecuencias, pues afectará de lleno a la llamada trama rusa -la injerencia del Kremlin en el proceso separatista-, una causa que, recientemente ha reactivado el juez Joaquín Aguirre. El texto final sólo excluye los actos en los que se haya producido una amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial del país.

En cuanto a la corrupción, sólo quedará fuera la malversación en el caso de que se haya producido un enriquecimiento personal algo que, consideran los negociadores, no existió durante el proceso separatista catalán.

Igualmente, se ampliará el plazo temporal de la ley, extendiéndolo a noviembre de 2011, como solicitaba Junts -hasta ahora, la norma contemplaba los delitos cometidos desde el 1 de enero de 2012 al 13 de noviembre de 2023-y quedarán también incluidas las causas del Tribunal de Cuentas.

En un comunicado emitido este miércoles, PSOE, Junts y ERC ya anunciaban que las tres formaciones habían cerrado un acuerdo «después de días de trabajo conjunto». Según los negociadores, el contenido de la Ley de Amnistía tiene en cuenta «las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia». Cabe recordar que este informe, cuyo contenido ha sido manipulado a conveniencia por Moncloa, cuestiona la ley por haber sido tramitada por el procedimiento de urgencia, lo que ha impedido que pase los filtros de los organismos consultivos, como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).