El Gobierno vasco devolverá 1,6 millones por las multas pagadas durante el primer estado de alarma

El vicelehendakari y consejero vasco de Seguridad, Josu Erkoreka, ha anunciado que se van a devolver todas las multas pagadas en el primer estado de alarma por el incumplimiento de medidas establecidas para frenar la pandemia que después fueron anuladas por el Tribunal Constitucional, con el objetivo de evitar situaciones de discriminación. En total, estima que ascenderían a una cantidad de unos 1,6 millones.

En una entrevista publicada por el diario Deia, recogida por Europa Press, el consejero reconoce que la resolución del Constitucional, que anuló algunas de las medidas del estado de alarma, con la correspondiente paralización de los expedientes de sanciones por su incumplimiento, «tiene un efecto desmotivador inmenso para quienes estamos gestionando la responsabilidad de la salud pública».

A lo largo del primer estado de alarma, explica, entre Policías locales y Ertzaintza pusieron 22.900 denuncias que «requieren un esfuerzo tramitador importantísimo» y que no fueron «un capricho, porque del cumplimiento de la normativa dependían la salud y la vida de muchas personas». Sin embargo, «el trabajo no ha servido para nada».

También advierte que la sentencia contenía «un mandato confuso», de manera que «se suspendieron los expedientes en tramitación, pero había otros casos». En concreto, había unos 5.200 pagados por pronto pago, mientras que «otras personas habían hecho sus alegaciones, se habían resistido, y habían esperado a la resolución final sancionadora. Las sancionadoras fueron unas 2.900», explica.

Tras «un análisis jurídico contrastado», el Gobierno Vasco ha llegado a la conclusión de que «la sentencia exige deshacer prácticamente todo el marco sancionador». Por ello, se ha decidido «no solo paralizar los expedientes, sino devolver lo ya pagado, sea por pronto pago o porque se tramitó el expediente y se acabó imponiendo la sanción y se pagó».

Montante de 1,6 millones

«Una lectura más rigurosa de la sentencia en el marco de otra jurisprudencia dictada por el propio Tribunal Constitucional en relación con supuestos parecidos nos lleva a devolverlo todo», insiste Erkoreka, que cifra el montante total en unos 1,6 millones.

Según lamenta, «eso está pendiendo en el ánimo de los responsables de Seguridad» porque ahora «tienen que salir a la calle a cumplir sus funciones y garantizar el cumplimiento de la normativa, y no se sabe hasta qué punto la actuación va a quedar en agua de borrajas porque va a venir por detrás un tribunal que va a echarlo todo por tierra». «Es un factor de desánimo importantísimo», advierte.

El consejero explica que se ha analizado si había «una manera de aliviar o hacer desaparecer el factor de discriminación», pero, «una vez que el Tribunal Constitucional ha echado para atrás el estado de alarma, veíamos que la situación podía generar efectos discriminatorios graves en quienes, en un ejemplo de civismo, se habían adelantado, iban a pagar y se acogieron a las posibilidades que la ley ofrece». Sin embargo, añade, «se podían beneficiar quienes, en una posición más cicatera, habían retrasado todo lo posible el pago».

«Hemos visto que era jurídicamente posible. Si la sentencia no hubiera permitido devolver el dinero, nos podríamos encontrar con una situación muy delicada con el Tribunal de Cuentas y con la posibilidad de incurrir en una responsabilidad contable, o responsabilidad penal», afirma.

Bosé y Ernai

Por otro lado, el consejero censura sus «frecuentes tics antisistema» a EH Bildu y advierte de que «constatar que hay instituciones nucleares de este país con las que viven una situación de antagonismo irreconciliable, como la Ertzaintza, pone claramente de manifiesto que es uno de sus grandes hándicaps para gobernar».

Asimismo, reitera que las personas que participan en los altercados que se han registrado en los últimos meses en botellones en distintas localidades «no son una realidad monolítica». En este sentido, señala que «hay actuaciones que son expresión de gente egoísta, hay negacionistas y hay quien ha aprovechado la pandemia para alimentar uno de sus objetivos políticos: desestabilizar el marco institucional en general y atacar puntualmente a un gobierno determinado».

También, añade, hay «colectivos fronterizos». «Entre lo que dice Miguel Bosé y lo que dicen los carteles de Ernai la distancia es muy pequeña», opina.

Finalmente, preguntado por las protestas convocadas esta próxima semana por algunos sindicatos de la Ertzaintza, recuerda que «están en la campaña ante las elecciones sindicales» y tampoco es «ninguna novedad». «La interlocución la tenemos articulada a través de una dirección de relaciones laborales. Es cotidiana, personal y telefónica», asegura.