El Gobierno teme no poder ‘vender’ la exhumación de Franco ni en la campaña del 26-M

En La Moncloa renuncian a dar estimaciones, pendientes aún de un largo proceso judicial, burocrático y parlamentario. El temor principal es que, ni siquiera, se pueda proceder a la exhumación de Franco antes de la campaña para las elecciones autonómicas y locales del 26-M. Una cuestión que preocupa en la medida en que se trata de una de las grandes promesas del mandato socialista.

A la decisión pendiente del Supremo -y que puede dilatar notablemente el proceso- se añade la negativa del prior del Valle. Un revés con el que el Gobierno no contaba y que ha provocado un notable malestar. Santiago Cantera informó la pasada semana a Moncloa de que negaba el acceso para proceder al traslado de los restos del dictador, lo que obliga al Ejecutivo a ‘negociar’ con su superior, el abad del monasterio de Solesmes (Francia).

Desde el Gobierno se afirma que esa negativa no impedirá que el proceso siga adelante. Pero el permiso del prior es imprescindible ya que, cabe recordar, según los acuerdos Iglesia-Estado, «los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad».

El Vaticano se desentiende

El obstáculo, pues, no es ni mucho menos menor para el Ejecutivo. Más aún porque, hoy por hoy, la postura de los superiores de Cantera avalan su negativa, y señalan que él es el único competente para autorizar la salida de los restos de Franco.

Desde el Vaticano, y contra de lo que en su momento aseguró la vicepresidenta Carmen Calvo, evitan inmiscuirse en un tema que consideran competencia de «la familia, el Gobierno español y la Iglesia local», según afirmó hace unos días el portavoz interino de la Santa Sede, Alessandro Gisotti.

Moncloa renuncia a dar estimaciones, pendientes aún de un largo proceso judicial, burocrático y parlamentario

Por otro lado está el procedimiento en el Supremo. El Gobierno notificó este jueves a los Franco el procedimiento para que presenten sus alegaciones contra el proyecto de exhumación aprobado por el Consejo de Ministros en agosto, para lo que disponen de un plazo de diez días.  Según fuentes consultadas por OKDIARIO, la familia está dispuesta a apurar ese plazo. Es decir, hasta el 22 de enero.

Los Franco, en línea con lo que ha venido denunciando hasta ahora, insistirá en las irregularidades del proceso, además de la «parcialidad y tramposa actuación que está llevando a cabo la instructora del expediente de exhumación del Generalísimo Francisco Franco, Cristina Latorre Sancho», entre otros argumentos.

La Fundación Franco también criticó recientemente que el Ejecutivo hubiese ‘inventado’ un trámite -el informe de la delegación del Gobierno- para avalar su veto a La Almudena, motivo de choque con la familia.

Otros trámites

Finalizado el plazo de alegaciones, el Consejo de Ministros deberá aprobar de nuevo, mediante un acuerdo motivado, la exhumación, además de aclarar dónde se llevará a cabo el nuevo enterramiento. La familia tendrá entonces de un plazo de dos meses para presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y pedir la suspensión cautelar en espera de la resolución del alto tribunal.

Cabe recordar que, en diciembre, el Supremo ya avisó al Gobierno de que el acuerdo de exhumación no podría ejecutarse sin que la familia «haya podido recurrirlo y recabar la tutela judicial efectiva, incluida la cautelar».

Si el Supremo decide las medidas cautelares, el procedimiento de exhumación se dilatará de forma indefinida. Y, en caso contrario, si no se adoptan, quedaría en manos del prior que, hoy por hoy, se muestra inflexible.