El Gobierno pide al TC que abra la vía penal contra Forcadell

El Gobierno ha pedido este viernes al Tribunal Constitucional que abra la vía penal contra la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, por desobedecer las decisiones del alto tribunal e incurrir en un posible delito. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha puntualizado que se trata de uno de los puntos del incidente de ejecución que presentará ante el TC.

Sáenz de Santamaría explicó que Forcadell «ha podido incurrir ya» en un delito por desacato de una sentencia y un auto del Constitucional, y por ese «caso omiso» el Gobierno pide al tribunal que remita a la Fiscalía las actuaciones de desobediencia para que resuelva si hay que actuar por la vía penal. Sáenz de Santamaría ha precisado que el posible delito de Forcadell tiene que ver con desobedecer una sentencia del TC del 2 de diciembre de 2015, en la que anulaba el llamado proceso de desconexión.

Y con desobedecer un auto del alto tribunal, de hace poco más de una semana, en el que se advierte a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento de Cataluña, de su deber de impedir cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos del TC. Por ello, la resolución del Parlament sobre la vía unilateral hacia la independencia «no es sólo un desafío institucional; es un desacato al Tribunal Constitucional», remarcó.

Suspensión inmediata y medidas

El incidente de ejecución tiene tres puntos fundamentales en los que el Gobierno solicita al TC que declare nulo y sin efecto jurídico alguno la resolución del Parlament, su suspensión inmediata, y en tercer lugar, la adopción de medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias del alto tribunal.

Este tercer punto implica a su vez que se requiera personalmente a Forcadell y a los integrantes de la Mesa del Parlamento catalán para que se abstengan de «la realización de cualquier actuación tendente a dar cumplimiento» a la resolución impugnada. Según ha indicado la vicepresidenta, en el incidente de ejecución se pide al TC que haga el mismo requerimiento al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros de su Gobierno.

Solicita también el Ejecutivo en funciones que se les advierta de que el incumplimiento del mandato del Constitucional puede llevar aparejadas sanciones de entre 3.000 y 30.000 euros, la suspensión de funciones por tiempo indeterminado o incluso la apertura de la vía penal. Otra de las peticiones contenidas en el incidente de ejecución es la «prohibición expresa» de convocar aquellos órganos del Parlament con la finalidad de debatir y votar iniciativas que conlleven el incumplimiento de las sentencias del TC.

Ésta es la respuesta del Gobierno a la aprobación el pasado miércoles de las conclusiones del dictamen por el que se abre la vía unilateral hacia la independencia de Cataluña. La resolución «incumple claramente el orden constitucional», ha afirmado la vicepresidenta, así como «una vulneración flagrante del Estado de derecho». A su juicio, además, la decisión del Parlament significa que se coloca «a una institución por encima de la voluntad democrática» de la nación española, que está situada en la Constitución y en su «máximo intérprete», que es el Tribunal Constitucional.