El Gobierno no descarta financiación privada y facturas ‘aplazadas’ en la organización del 1-O

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 18/09/2017 20:39
  • Actualizado: 20/09/2017 11:03

Existe una máxima que rige en el Gobierno al abordar el desafío independentista: ningún escenario ni posibilidad se descarta. Y en ello entran las vías de financiación para la organización del referéndum ilegal.

Cercado cualquier posible desvío de dinero público, el Ejecutivo no rechaza, en absoluto, que la logística del 1-O se financie a través de fondos procedentes tanto de organizaciones separatistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, como de aportaciones privadas (empresarios o particulares). Y existe otra ‘treta’ añadida: que la Generalitat haya acordado que cualquier factura relacionada con el 1-O no se extienda hasta después de ese día con la intención de burlar la férrea monitorización del ministerio de Hacienda. Ambas posibilidades son contempladas como «perfectamente factibles», según fuentes de toda solvencia.

A menos de 15 días del 1-O, cómo se han comprado, o se comprarán, las urnas del referéndum es uno de los asuntos que más dudas generan. En público y en privado el propio presidente de la Generalitat ha asegurado que ya disponen de 6.000. En julio, este diario reveló una grabación a uno de los fundadores y dirigentes de la ANC, Jordi Manyé, en la que sostenía que las urnas «ya están compradas» y escondidas en un consulado extranjero en Barcelona. En agosto, el concurso de la Generalitat para la compra quedó desierto, al considerar el Govern que las dos empresas que habían concurrido no acreditaban las condiciones exigidas. Dos circunstancias que alimentan las sospechas de una financiación paralela a las cuentas autonómicas.

A esa contribución de la ANC -entidad que ha generado cifras ingentes de ingresos gracias al independentismo- se añadiría además financiación de empresarios ‘amigos’ de la causa independentista y otras fuentes privadas. de origen diverso.

Delito de desobediencia

La procedencia cambia la tipificación del delito, aunque no lo exime: si bien en ese caso no se estaría ante un caso de malversación, quienes participen de la organización del referéndum serían acusados de cooperación necesaria en un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Y, de acuerdo al artículo 28 del Código Penal, estos incurrirían en las mismas penas que los propios autores: «Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado». 

Además, cabe recordar que desde la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 2015, el Alto tribunal tiene competencia para aplicar las medidas que considere oportunas para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones: esas medidas van desde multas de 3.000 a 30.000 euros a incluso la exigencia de responsabilidades penales que considere.

«Esconder» las facturas

Otra de las posibilidades es que la Generalitat «esconda» las facturas vinculadas con el referéndum y emplace su pago hasta después del 1 de octubre, lo que le permitiría esquivar el control «preventivo» de Hacienda.

El ministerio de Cristóbal Montoro puede monitorizar las facturas de la Generalitat -todas electrónicas- a través de su sistema informático. Pero además, la intervención de las cuentas catalanas -anunciada el pasado viernes- va ligada a un estricto control bancario, que obliga a las entidades a comunicar al Ministerio Fiscal cualquier pago o transferencia relacionada con el referéndum.

Con esas herramientas, el Gobierno se asegura cubrir otros flancos de la intervención financiera a Cataluña, decretada después de que el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, rechazase enviar a Hacienda el informe semanal de los gastos de la Generalitat, como se le había requerido para controlar posibles evitar desvíos al 1-O.

Hasta el momento, el Ministerio ha dado veracidad a los datos remitidos desde Cataluña, aunque el propio Montoro no descartó el pasado viernes que Junqueras pudiese haber incurrido en «falsedad documental» para ocultar gastos relacionados con el referéndum. No es ninguna certeza, porque, confían en Hacienda, los certificados proceden de funcionarios que no se arriesgarían a cometer una ilegalidad.