El Gobierno castigará con más impuestos a los propietarios que alquilen su vivienda a un familiar

El Gobierno quiere controlar el mercado del alquiler para vigilar que los propietarios saquen sus viviendas al mercado. Para ello, el PSOE ha impulsado una proposición de ley que regula, entre otras cuestiones, los alquileres entre familiares. De esta forma, el partido de Pedro Sánchez castigará con una subida de impuestos en el caso de que un propietario decida alquilar su vivienda a un hijo, hermano o sobrino.

El PSOE registraba este jueves una proposición de ley para impulsar el alquiler de viviendas a precios asequibles, que incluye medidas como una subida del IVA de los pisos turísticos al 21%, para que tributen como la actividad económica que son, así como gravar más la vivienda vacía, entre otras. Pero no sólo se queda ahí: los socialistas también impondrán un mínimo obligatorio que se debe declarar en alquileres a familiares.

Concretamente, el Gobierno reformará artículo 24 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, que regula cómo se calcula el rendimiento del capital inmobiliario, es decir, lo que se declara cuando alquilas un inmueble. Hasta este momento, el contribuyente declara como ingreso lo que efectivamente cobra de alquiler, pudiéndose deducir los seguros, las reparaciones o el IBI, entre otros gastos.

Sin embargo, no existía un mínimo obligatorio de ingresos a declarar en alquileres a familiares, aunque Hacienda podía revisar si el alquiler era ficticio o inferior al valor de mercado, pero eso requería comprobación, no era automático. Es decir, si Pedro alquila un piso a su hija Laura por 50 euros al mes, con la redacción actual declararía 600 euros de ingresos.

Ahora el PSOE introduce la obligatoriedad mínima a declarar en este tipo de alquileres. Ese mínimo es el resultado de aplicar un porcentaje medio efectivo, que en la práctica es el mismo que la renta imputada: 1,1% o 2% del valor catastral. «Cuando el adquirente, cesionario, arrendatario o subarrendatario del bien inmueble o del derecho real que recaiga sobre el mismo sea el cónyuge o un pariente, incluidos los afines, hasta el tercer grado inclusive del contribuyente, el rendimiento neto total no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el porcentaje medio efectivo (…) al valor catastral del inmueble (…)», reza la propuesta socialista.

Volviendo al mismo ejemplo anterior, si el valor catastral de la vivienda de Pedro es de 100.000 euros, el mínimo legal impuesto ahora por los socialistas resulta de calcular un 1,1% de ese valor, es decir, 1.100 euros. De esta forma, mientras antes declaraba los 600 euros que cobraba, ahora está obligado a tributar por 1.100 euros.

El PSOE pretende aprovechar la «primera ocasión» que tenga en el cupo de iniciativas del Congreso de los Diputados. Así, estima que es posible que esto sea en la primera quincena del mes de junio. De igual manera, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha indicado que esta propuesta la registra el PSOE como partido, en solitario, y no el Gobierno de coalición. Dice que lo hace así para «priorizar la puesta en marcha cuanto antes» esas medidas. Además, ha indicado que desde el PSOE están trabajando ya para que sus planteamientos cuenten con el apoyo necesario en el Congreso para salir adelante.

Sumar quiere un ‘Gran Hermano’

Sumar, por su parte, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que plantea que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana desarrolle un registro público de los contratos de alquiler para monitorizar la evolución de los precios a nivel estatal.

La formación de Yolanda Díaz defiende que frente a los informes de precios que hacen los portales, el Ministerio de Vivienda no dispone de información adecuada sobre el comportamiento de la oferta del alquiler residencial, pues se usa de fuente información tributaria que tiene un decalaje de dos años y porque en los regímenes forales de País Vasco y Navarra la Agencia Tributaria no puede acceder.

En este contexto, Sumar propone un registro público elaborado de acuerdo con la distribución competencial en materia de vivienda, pero que recoja, de la forma «más fiable y actualizada posible», los contratos de arrendamiento de vivienda que se produzcan en España, para así poder monitorizar la evolución de la oferta de alquiler.

En la proposición no de ley también se propone que haya un registro donde conste el periodo efectivo en el que se producen los servicios de alquiler de arrendamientos de corta duración. Una vez establecidos sendos registros de alquiler de viviendas, Sumar quiere avanzar en un sistema que, mediante el cruce de datos con el Catastro Inmobiliario y el padrón continuo, permita identificar las viviendas que se encuentren vacías.