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CIS

El Gobierno gastará un millón en reformar la sede del CIS de Tezanos para «reducir el cambio climático»

El Ejecutivo de Sánchez licita un nuevo contrato para estas obras tras quedar desierto el anterior concurso

El proyecto ha sido redactado por Tragsatec, la empresa del enchufe de Jésica y salpicada por el 'caso Forestalia'

El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado casi un millón de euros a reformar la sede del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), organismo público que dirige el socialista José Félix Tezanos. Una remodelación que está orientada a «reducir el cambio climático», según señala el propio Ejecutivo socialcomunista en los pliegos de contratación, consultados por OKDIARIO.

En concreto, el Ministerio de Presidencia, del que depende el CIS, ha vuelto a licitar este contrato después de que quedara desierto uno anterior sacado a concurso el pasado año, por un importe cercano también al millón de euros. Las empresas candidatas a esta adjudicación tienen hasta el próximo 6 de abril para la presentación de sus ofertas.

El nuevo expediente tiene un importe de licitación de 995.450,92 euros (impuestos incluidos), esto es, 79.251,59 euros más que el anterior. El plazo de ejecución de este contrato, que lleva por título Obras de sostenibilidad ambiental, mejora de la eficiencia energética y restauración de elementos constructivos deteriorados, vuelve a ser de once meses.

Según recogen los pliegos, «con el paso del tiempo, el edificio ha ido envejeciendo tanto en su piel exterior como en las instalaciones que le dan servicio. Asimismo, dado el grado de protección urbanística y la calidad arquitectónica del edificio, es necesaria su restauración», dice el Ejecutivo sobre las oficinas del CIS.

Las actuaciones previstas en este proyecto, prosigue, suponen «la renovación tecnológica, una mejora de las prestaciones y garantías de confort de una parte de la instalación de climatización, y un ahorro en consumo energético y emisiones de CO2 a la atmósfera con la mejora de climatización y la instalación fotovoltaica prevista, mejorando de esta manera la eficiencia energética del edificio, y la contribución a la reducción del cambio climático», precisa el Gobierno.

«Sostenibilidad»

Junto a ello, el Ejecutivo remarca que «en base a estos antecedentes y dentro de la política de la Administración General del Estado en la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de sus edificios, se decide acometer estas obras, además de buscar la mejor calidad ambiental del aire interior y el mejor confort para los trabajadores del CIS en el puesto de trabajo».

El Ministerio de Presidencia también alega en la memoria justificativa de esta actuación que «en 2022 fue notificada al Centro de Investigaciones Sociológicas una orden de ejecución dictada por el órgano competente del Ayuntamiento de Madrid por la que se señalaron una serie de deficiencias en el edificio que exigían actuaciones en los cerramientos y aislamientos del edificio, así como la demolición de la estructura de cobertura de una claraboya en la cubierta para dar cumplimiento a la normativa de fibrocemento con amianto».

Uno de los planos del proyecto redactado por Tragsatec.

Asimismo, el Gobierno indica que las prestaciones objeto de este contrato son las descritas en el Proyecto de ejecución de obras de sostenibilidad ambiental, mejora de la eficiencia energética y restauración de elementos constructivos deteriorados.  Este estudio ha sido redactado por Tragsatec e informado favorablemente por la Oficina de Supervisión de Proyectos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con fecha del pasado 16 de febrero de 2026.

Tragsatec, empresa pública que funciona como filial tecnológica del Grupo Tragsa, es la misma entidad donde la trama PSOE enchufó durante medio año a Jésica Rodríguez García, ex novia del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, cobrando sin ir a trabajar, y la misma que estos días vuelve a ser noticia por la implicación de trabajadores de su plantilla en el caso Forestalia.

OKDIARIO publicó el pasado miércoles que Eugenio Domínguez, el ex alto cargo del Ministerio de Transición Ecológica detenido en el caso Forestalia, se valió para la comisión de presuntas prácticas delictivas de una «guardia pretoriana» que trabajaba en Tragsatec.

Según la investigación de la Guardia Civil, Domínguez «contó con el apoyo de estos técnicos de Tragsatec para asegurarse la tramitación favorable de las propuestas de Declaraciones de Impacto Ambiental» en proyectos de energías renovables. Este ex alto cargo del Gobierno de Sánchez habría cobrado 5,2 millones de euros de Forestalia por el supuesto amaño de permisos a favor del gigante energético aragonés.