España
'Caso Begoña'

El Gobierno dice que ataca al juez que investiga a Begoña Gómez para «defender los intereses del Estado»

El Ejecutivo defiende las "acciones judiciales que procedan" en el marco del 'caso Begoña'

  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Gobierno ha justificado las «acciones judiciales que procedan» en el marco del caso Begoña «en defensa de los intereses del Estado y sus instituciones». Justifica de esta forma la estrategia de ataques al juez instructor, Juan Carlos Peinado, que investiga por cuatro delitos a la esposa del presidente del Gobierno. La ofensiva verbal contra el juez se acompaña, a la par, con acciones judiciales para intentar frenar la instrucción que lleva a cabo Peinado.

Este argumento gubernamental de que los ataques a Peinado son «en defensa de los intereses del Estado» lo ha reflejado el Ejecutivo, por escrito, en una respuesta que ha remitido al Congreso de los Diputados, en contestación a una pregunta de Vox sobre las declaraciones del actual ministro para la Transición Digital y de la Función Pública, Óscar López, en las que arremetía contra el PP afirmando que «el caso Peinado responde a una construcción política de Feijóo y Abascal».

«El señor Feijóo y Abascal están detrás. Abascal, a cara lavada porque su organización es denunciante. Todo es la construcción de un caso político basado en bulos. Espero que algún día alguien pida perdón por todo esto y Feijóo se dé cuenta de lo que están haciendo. Feijóo y Abascal, los dos, porque no hay derecho a lo que están haciendo, porque en política no todo vale», aseveró López en una entrevista en eldiario.es.

Vox se dirigió al Ejecutivo para preguntarle: «¿A qué se refiere el Gobierno exactamente cuando menciona el caso Peinado? Según el Gobierno, y atendiendo a las palabras del ministro de que ‘no todo vale’, ¿por qué motivos la Justicia no podría investigar los hechos en los que la esposa del presidente del Gobierno estaría supuestamente involucrada?».

El Gobierno, en su respuesta, asegura que «respeta las actuaciones judiciales y la independencia de los jueces en el curso de sus investigaciones y defiende la Justicia como un servicio público esencial para la ciudadanía».

Sin embargo, a continuación matiza: «Todo lo cual no es incompatible con el ejercicio de las acciones judiciales que procedan en defensa de los intereses del Estado y sus instituciones ni con la opinión que desde el escrupuloso respeto a la independencia judicial puedan hacerse».

Querellas

Cabe recordar que tanto Begoña Gómez como el presidente del Gobierno -a través de la Abogacía del Estado- presentaron sendas querellas contra el juez instructor Juan Carlos Peinado.

Ambas fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En el caso de la querella interpuesta por Pedro Sánchez por un presunto delito de prevaricación -por haberle citado a declarar de forma presencial como testigo en el Palacio de La Moncloa- los magistrados destacaron que dicha decisión «no se puede tachar de prevaricadora». «No se vulnera de forma arbitraria y sin razón comprensible la norma aplicable», concluyó la Sala.

En su auto, los jueces tumbaron los argumentos de la Abogacía del Estado, mostrándose especialmente críticos: «A modo de conclusión, no puede la Sala dejar de pensar, dado el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila la misma, que ésta no obedece sino al intento de tergiversar el fin lícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado […], disfrazada en la justificación que esgrime».

Sánchez alegó, además, que el juez no contaba con «un mínimo indicio» para soportar las diligencias, basadas -dijo- en «conjeturas», lo que en su consideración genera un «descrédito gratuito» y «desprestigia» a la Presidencia del Gobierno.

Incluso, la Abogacía del Estado llegó a argumentar: «Se trata de impedir que el ejercicio del Poder Judicial altere innecesariamente el discurrir y labor de los demás poderes estatales».

Cabe recordar que Begoña Gómez está imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Los dos primeros guardan relación con las cartas de recomendación que Gómez firmó para que su socio, el empresario Juan Carlos Barrabés, reforzase sus opciones en sendos contratos públicos. Los dos segundos se refieren al software creado para la Complutense. El juez investiga si la mujer de Pedro Sánchez registró a su nombre una marca comercial que ofrecía una plataforma idéntica.

La esposa del presidente socialista declaró el pasado 19 de diciembre ante el juez Peinado y aseguró que la intención de registrar la marca era únicamente para uso en asuntos de la UCM y que la Complutense «lo sabía».

Igualmente, defendió las cartas para Barrabés porque, dijo, eran cartas «modelo» que «no apoyaban a una empresa, sino al proyecto». Sin embargo, sí se hacía alusión expresa a la empresa de su socio e impulsor de su cátedra.