El Gobierno designa nuevos peritos para superar la licencia que bloquea la exhumación de Franco

Tras el aval del Supremo a la exhumación de los restos de Franco por unanimidad, son varios los obstáculos que todavía debe salvar Pedro Sánchez para materializar su promesa estrella. El más significativo, el bloqueo del juez José Yusty Bastarreche a la licencia urbanística que necesita el Ejecutivo socialista para intervenir en la actual tumba del dictador, ubicada en la Basílica del Valle de los Caídos.

El Gobierno, consciente de la importancia de subsanar el trámite legal que cuestiona la validez del permiso de obras concedido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, intenta salvar este escollo. Por ello, hace unos días la Abogacía del Estado solicitó al magistrado la comparecencia de nuevos peritos expertos -que se sumarán al aparejador municipal- en la vista fijada por el magistrado a comienzos del próximo mes de octubre.

El Gobierno tratará entonces de desvirtuar el informe de los arquitectos de los Franco, José Ismael de la Barba y Enrique Porto, en el que el juez titular del Juzgado de los Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid se basó para dictar el auto provisional. La ausencia de «un estudio serio y riguroso de la seguridad de toda la operación» recomendaba dejar en suspenso la preceptiva licencia del Ayuntamiento de El Escorial para la exhumación de Franco.

Y es que el juez Yusty no tomará ninguna decisión sin antes cerciorarse de que la operación diseñada por el Gobierno para intervenir físicamente sobre la tumba del dictador, en el Valle de los Caídos, es conforme con la legalidad vigente y, sobre todo, puede realizarse con total seguridad.

Por lo tanto, tampoco dictará sentencia sin antes haber escuchado a los especialistas sobre una cuestión, sumamente técnica, de la que sin embargo, ahora mismo depende la eventual nueva fecha que Sánchez deberá fijar -en acuerdo ministerial- para que Franco salga definitivamente del Valle de los Caídos con destino al cementerio de El Pardo, donde el Gobierno ya tiene habilitado el correspondiente nicho.

Causas distintas

Fuentes judiciales próximas al Tribunal Supremo apuntan a OKDIARIO que la sentencia, de la que es ponente el magistrado Pablo Lucas, cuyo contenido íntegro se notificará a las partes en los próximos días, podría contener un pronunciamiento expreso sobre la autorización urbanística suspendida desde febrero por el juez Yusty Bastarreche.

Tal es así, porque la propia Abogacía del Estado en su escrito de contestación al recurso de la familia Franco y en sus conclusiones finales ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, hizo referencia expresa a esta cuestión.

Sin embargo y pese a que, orgánicamente, el Alto Tribunal es la última instancia del Poder Judicial en España, la posición que los seis magistrados hayan fijado en su resolución, podría definir el sentido de posteriores recursos a la decisión de Yusty, pero en ningún caso condicionar la misma, ni provocar que la causa en curso quede sin efecto.

«Se trata de dos procedimientos jurídicos diferentes e independientes sobre la misma persona, eso sí», insisten las mismas fuentes a OKDIARIO.

Recusación

El retraso en la resolución de la causa competencia del magistrado José Yusty Bastarreche, ha venido provocado por la recusación solicitada por la Abogacía del Estado. El Gobierno pidió apartar del caso al juez cuestionando su imparcialidad tras suspender éste, en el mes de febrero, el permiso mediante el que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial avalaba las obras en la basílica del Valle de los Caídos para exhumar a Franco.

La Abogacía del Estado planteó dicha recusación alegando varios artículos publicados por Yusty en prensa, en el año 2007, sobre la Ley de Memoria Histórica. Según la Abogacía, en ellos se produciría una «toma de partido» del magistrado sobre el «objeto del proceso».

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó de raíz los argumentos y ordenó la devolución de la causa al magistrado competente, José Yusty Bastarreche. No sin antes, condenar al Estado en costas. Yusty Bastarreche avanza, desde entonces, en la resolución de un procedimiento que llegará a su desenlace en las próximas semanas y al que el Gobierno mira no sin cautelas.

En la resolución, el magistrado se mostraba especialmente crítico contra la decisión del Gobierno, determinando que el proyecto resultaba «peligroso» por la necesidad de retirar una losa de granito de tonelada y media de peso.