El Gobierno contrata excursiones por la naturaleza para «integrar» a los inmigrantes ilegales

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, ha encargado la contratación de una serie de servicios para algunos de los centros de acogida de inmigrantes que gestiona, con el objetivo de ofrecer excursiones culturales, actividades deportivas y rutas por la naturaleza para impulsar la «dinamización sociocultural» a los inmigrantes que residen en ellos.

Bajo la denominación de «Programa de dinamización sociocultural y contextualización dirigido a los usuarios/residentes del Centro de Acogida a Refugiados», el Gobierno pone en marcha una serie de iniciativas para los inmigrantes llegados a España que han entrado en el programa de asilo –aunque se contempla que puedan acceder también ilegales que no estén bajo esa condición–.

El programa tiene como objetivo «fomentar la convivencia, el respeto y el conocimiento de las culturas de origen» de los usuarios de estos centros de acogida por parte de la población local, «así como una cultura de paz».

La documentación de uno de los contratos firmados por el Gobierno va dirigida concretamente al Centro situado en Sevilla y tiene un importe de 271.416 euros. La empresa u ONG que asuma esa labor deberá organizar al menos una excursión cultural o actividad al aire libre al mes.

Se trata, explican, de «visitas culturales, excursiones y actividades en la naturaleza con los residentes del Centro, con el fin de conocer el entorno social, histórico y geográfico de la sociedad de acogida».

Establece el contrato que «siempre que sea posible, se organizarán conjuntamente con asociaciones locales para trabajar simultáneamente el conocimiento del entramado asociativo y los recursos del entorno local respectivo.

Además, se plantean una serie de «actividades encaminadas a dotar a los usuarios del Centro de conocimientos relevantes sobre la sociedad de acogida, con el fin de que tengan una información general sobre diversos aspectos de la sociedad que les resulte de utilidad práctica a la hora de afrontar su proceso de integración social. Estas actividades comprenderán, entre otras, la organización de talleres o charlas informativas relativas a diferentes aspectos relacionados con la sociedad de acogida».

Por otra parte, el Gobierno ha firmado otra serie de contratos en centros similares en Madrid o Valencia, con el objetivo de dotar a estos organismos de un servicio de «mediación y sensibilización» ante conflictos que aparezcan por causa de un choque cultural entre los acogidos y la población local. Se busca «sensibilizar en igualdad de género, sostenibilidad medioamental, cuidado de la naturaleza, racismo y LGTBIfobia».

Inmigración en el CIS

La inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles. Así lo ha determinado el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Luis Tezanos.

En sólo tres meses, la inmigración ha pasado de ocupar el sexto puesto de preocupaciones para los españoles en el CIS a situarse en el primero con un 30,4% por encima de otras problemáticas como la vivienda o el paro.

En el barómetro de septiembre, los encuestados sitúan en segundo lugar «los problemas políticos en general» con un 20,6%, siendo el paro el tercer problema con un 20,1%. A estas problemáticas les siguen la crisis económica, con un 19,8%, las desigualdades, con un 16,1% y la vivienda, con el 15,4%.

Respecto a la pregunta de «cuál es el problema que más le afecta personalmente», el 4,1% de los encuestados sitúa la inmigración en el quinto puesto, por debajo de la vivienda (15,3%), los problemas relacionados con el empleo (16,5%), la sanidad (17,1%) y la crisis económica (30,2%).

Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que las mujeres inmigrantes que llegan a un país de la Unión Europea pueden conseguir el estatus de refugiadas si se demuestra que promulgan «la igualdad de género». Además, tienen que probar que, si vuelven a su país, serían perseguidas por regirse por ese tipo de ideas.

La corte europea considera que, para entregar el estatus de refugiado a una persona inmigrante, primero tiene que formar parte de un «determinado grupo social», y que ser integrante de ese grupo sea «motivo de persecución» en su país de origen, tal y como indica la sentencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO.