El Gobierno aspira a nacionalizar a 2,3 millones de personas con la ‘Ley de Nietos’

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 05/02/2026 05:46
  • Actualizado: 05/02/2026 08:55

La cifra de las nacionalizaciones por la autodenominada Ley de Memoria Democrática -aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu- podría superar ampliamente los dos millones de descendientes de exiliados o emigrantes.

A falta de datos cerrados, se estima que más de un millón de personas han tramitado ya su solicitud para ser nacionalizadas a través de la red de consulados con que cuenta el Ministerio de Asuntos Exteriores. Otros 1,3 han solicitado cita para iniciar el procedimiento. Medio millón ya cuenta con un expediente de nacionalización favorable.

El colapso burocrático en los consultados es el principal obstáculo. No obstante, la cifra supera ampliamente la de las 503.439 solicitudes que se recibieron al amparo de la Ley de Memoria Histórica, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

La Ley de Memoria Histórica de Zapatero limitaba las nacionalizaciones a dos generaciones, pero la nueva ley la amplió a los bisnietos. Además, a diferencia de la norma de 2007, que limitó la concesión a los descendientes de exiliados hasta 1955, la ley de Sánchez y Bildu lo extiende hasta el 28 de diciembre de 1978.

Las nacionalizaciones se conceden en virtud de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, de la que pueden beneficiarse todos los «nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

También reconoce este derecho a las personas que se encuentren en los siguientes supuestos: hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y los descendientes mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen.

La Ley de Memoria Democrática establecía un plazo de dos años tras la entrada en vigor para optar a la nacionalidad. Sin embargo, el Gobierno aprobó prórroga hasta el 22 de octubre de 2025.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, admitió entonces que los trámites administrativos no estaban siendo «fáciles» al tratarse de un «proceso complejo».

Según los datos disponibles en diciembre, el Gobierno había aceptado ya 490.000 solicitudes de nacionalización, una cifra que supera, por ejemplo, los votantes que tuvo Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en las generales de 2023, en las que logró 466.020 votos.

El país del que procede el mayor número de solicitudes es Argentina, a través de sus cinco consulados.