El Gobierno aragonés del PSOE pidió dejar a los mayores en las residencias «en base a la Guía del Ministerio»

Mientras, el PSOE sigue su ofensiva para culpar a la Comunidad de Madrid de las muertes en las residencias, no dejan de aflorar pruebas que demuestran que las indicaciones realizadas para dejar a los mayores contagiados en las residencias procedían del Ministerio de Sanidad. El último protocolo publicado, el del Gobierno socialista de Aragón, describe el origen de estas indicaciones de forma expresa y señala en su informe titulado ‘Guía de salud pública para centros residenciales dirigida a la prevención y control de la infección por covid-19’, que «este documento se basa en la Guía del Ministerio de Sanidad y en la propia experiencia».

Y en la nota a pie de página del protocolo directamente se incluye el link para poder confirmar que, efectivamente, tal y como ya publicó OKDIARIO, el origen es el siguiente documento técnico de 24 de marzo sellado y firmado por el Ministerio de Sanidad: ‘Guía de prevención y control frente al Covid-19 en residencias de mayores y otros centros de servicios sociales de carácter residencial’, publicado el 24 de marzo de 2020.

OKDIARIO publicó ya este documento. Incluso uno previo de fecha 5 de marzo, donde igualmente se incluyó la petición de que se dejara a los mayores con síntomas de Covid-19 en las residencias. Ninguna indicación del documento exigía su hospitalización inmediata. Al revés, daba todo tipo de instrucciones para habilitar las residencias de manera que los mayores se quedaran allí dentro.

Protocolo

El protocolo de Aragón incluye igualmente este tipo de indicaciones y recoge expresamente, para los casos posibles y los confirmados que
los residentes «con síntomas compatibles con Covid-19 (casos posibles)
una valoración clínica (médico responsable de la residencia/médico de atención primaria/teléfono de atención 976696382)».

Para «los casos que puedan permanecer en la residencia», recoge «aislamiento en habitación individual o compartida con otro caso sintomático. Baño propio. Buena ventilación y puerta cerrada». Añade que «la Dirección General de Salud Pública valorará la indicación de prueba de detección de coronavirus en función de la situación epidemiológica y características del centro».

Para los «casos confirmados de Covid-19» recoge  una «valoración clínica (médico responsable de la residencia/médico de atención primaria/teléfono
de atención 976696382)».

Para «los casos que puedan permanecer en la residencia» recoge  «aislamiento en habitación individual o compartida con otro caso sintomático. Baño propio. Buena ventilación y puerta cerrada».

Es decir, que expresamente se señala que, incluso con contagio confirmado, los ancianos se podían quedar en la residencia.

Lo cierto, efectivamente, es que el Gobierno de Pedro Sánchez pidió desde el 5 de marzo que los mayores contagiados se quedaran en las residencias. Lo hicieron pese a que en aquellas fechas no había colapso sanitario. Y dos semanas después y coincidiendo con dos datos relevantes, el mismo Ejecutivo pasó a regular por orden ministerial la orden de que se les mantuviera en esos mismos centros: ya no era una petición; era una imposición legal.

Datos más relevantes

Los dos datos relevantes eran los siguientes: en primer lugar, que en ese momento, ya sí había colapso hospitalario; en segundo lugar, que justo ese 19 de marzo en el que se emitía la orden ministerial se anunciaba el mando único social de Pablo Iglesias: las residencias pasaban a ser uno de sus cometidos. El resultado es conocido: muchos de esos mayores murieron en las residencias.

La orden ministerial en cuestión procedió del Ministerio de Sanidad y señaló aquel 19 de marzo que «el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y a reforzar el sistema de salud pública».

El «artículo 4.3 indica que los ministros designados como autoridades competentes delegadas en ese real decreto, quedan habilitados para dictar las órdenes necesarias para garantizar la prestación de los servicios en orden a la protección de las personas».

El texto añadió que «los mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de residencias y otros centros sociosanitarios se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la infección COVID-19 por varios motivos, como son entre otros, que habitualmente presentan edad avanzada; patología de base o comorbilidades; y su estrecho contacto con otras personas, como son sus cuidadores y otros convivientes».

Pero ese protocolo de protección fue un poco peculiar. En primer lugar porque el Gobierno no podrá argumentar desconocimiento de los casos de muertes dentro de las residencias. De hecho, exigió que «cuando se produce el diagnóstico de un caso de Covid-19 en un centro en el que resida población vulnerable, se pone en marcha la declaración o comunicación de caso que esté establecida, en su caso, por la autoridad sanitaria».

En segundo lugar porque la propia orden ministerial de aquel 19 de marzo reconocía ya que «la propagación del Covid–19 entre personas vulnerables que viven en residencias de mayores, se está observando en los últimos días».

A partir de ahí, la norma recogía las «medidas relativas a la ubicación y aislamiento de pacientes Covid-19 en las residencias de mayores y otros centros sociosanitarios».

Ahí señalaba que «los residentes de los centros en los que resulta de aplicación esta orden deben clasificarse en cuatros supuestos:

Residentes sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de Covid-19.
Residentes sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de Covid-19.
Residentes con síntomas compatibles con el Covid-19.
Casos confirmados de Covid-19».

Aislados

De ese modo, «en el caso de que un residente presente infección respiratoria aguda leve, debe ser aislado del resto de residentes». El texto no dice nada de hospitalizarlo de urgencia. Habla de que debe ser aislado en la residencia.
Es más, la norma lo detalla y dice que «en el caso de que haya más un residente con infección respiratoria aguda leve, y no sea posible el aislamiento individual, puede recurrirse al aislamiento por cohorte».

El texto sostiene que «en el caso de residentes con diagnóstico Covid-19 confirmado, deben ser aislados del resto de residentes». Añade que si hay «más de un residente con infección confirmada por Covid-19 puede recurrirse al aislamiento por cohortes». Y que «en cualquier caso, estos residentes, casos posibles o casos confirmados de Covid-19, deben mantenerse aislados del resto de residentes».