El Gobierno aprobó en 2022 un plan para «crear confianza» en los informantes de corrupción pero ahora ataca a Aldama

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en 2022 un plan para «crear confianza» en los informantes de corrupción, pero ahora ha arremetido contra el empresario Víctor de Aldama, condenado por el caso mascarillas, cuya pena se redujo hasta los 4 años y medio y no entrará en prisión por haber prestado una «cooperación plena y continua» con la Justicia para «la acreditación de los hechos enjuiciados».

En 2022, el Gobierno inició el camino legislativo con la aprobación del anteproyecto de Ley Reguladora de la Protección de las Personas que informan sobre infracciones normativas. La entonces ministra de Justicia, Pilar Llop, anunció la transposición de una directiva europea, es decir, la aprobación en el ordenamiento español de una norma después de que la Unión Europea haya fijado unas directrices comunes para todos los Estados miembros.

«El objeto de la transposición de esta directiva es proteger a todas aquellas personas que informan de asuntos relacionados con la corrupción, con fraudes o con violaciones de leyes», aseguró la juez de profesión. Y aseguró que el Gobierno socialista iba a «ampliar el objeto de la directiva» mediante el establecimiento de «dos herramientas nucleares para su protección, que serán los canales internos y el canal externo».

Esta norma creaba una autoridad independiente para proteger a los denunciantes y asegurar la «prohibición de cualquier represalia contra las personas informantes». Concretamente, esa medida se refería eminentemente a auxiliarles en su trabajo, es decir, que su denuncia no les pasase factura a nivel laboral o personal. «El Estado tiene la obligación, por lo tanto, de proteger a estas personas», subrayó Llop.

La protección se extiende a «cualquier ciudadano y a cualquier funcionario público, o a cualquier trabajador». Y en los casos en los que denuncie «operaciones, subvenciones que sean sospechosas, sospechas también de corruptelas». «Se le tendrá que ofrecer una protección real y efectiva ante cualquier represalia, pero no solo a ellos, sino también a su entorno», incidió la entonces ministra.

La titular de Justicia puso el foco en que esa regulación lograría «incrementar la cultura anticorrupción, la cultura de la transparencia, la cultura de la calidad democrática». Todo ello para «evitar que muchas conductas que suponen represalias contra personas que denuncian queden impunes y, sobre todo, va a ser un antídoto contra las prácticas corruptas», concluyó Llop.

Proteger al informante, no a Aldama

Sin embargo, la reacción que el Ejecutivo tuvo con el empresario Víctor de Aldama ha sido la opuesta a la que apelaban durante la aprobación de la norma para proteger al informante. El Supremo condenó al ex ministro José Luis Ábalos a 24 años de cárcel; a su asesor, Koldo García, a 19 años y también a Aldama a cuatro años y medio de prisión, aunque suspende su ejecución por colaborar con la justicia. Todos ellos por haber formado una organización criminal para el cobro de mordidas en las adjudicaciones de contratos públicos de mascarillas durante los peores meses de la pandemia de Covid 19.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, fue el más duro con Aldama. El también ex alcalde de Valladolid ironizó en redes sociales sobre la sentencia contra el empresario: «¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien y colaboráis, el perdón se abrirá paso y con que nos presentéis un informito de nada ni entráis en prisión. Es una sentencia tremendamente aleccionadora».

Y añadió en otro mensaje: «Si en el informe incluís la asistencia a manifestaciones sanadoras, como contra la corrupción o en defensa de la Nación, eso ayudará mucho».

El ministro, que publicó posts de forma constante este lunes tras conocerse la sentencia, comparó el caso mascarillas con el de Isabel Carrasco, de la que dijo que «le dieron tres tiros a bocajarro en una pasarela en León». Puente acompañó el texto con una imagen en la que aparecían las penas a Montserrat González (22 años de cárcel como autora), Triana Martínez (20 años como cooperadora necesaria) y Raquel Gago (14 años de prisión como cómplice). «Que cada cual saque sus propias conclusiones», espetó el ex alcalde de Valladolid.

Puente mencionó una noticia cuyo titular decía que Aldama no tendrá que devolver los 3 millones de las mascarillas: «Le ha salido a cuenta. ¡Qué exitazo! Todo un ejemplo para la juventud de este país».

Además, respondió a la comparecencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la que celebraba que sus abogados «hayan acertado» al pedir una rebaja en la pena de «aquel que colabora con la Justicia» porque «le corresponde». Puente aseguró: «A Feijóo le gusta que los chorizos anden sueltos, siempre que sean de los suyos y le ayuden a llegar a la Moncloa… o eso cree él».