El Gobierno alega «circunstancias personales» de los golpistas para ocultar el expediente de los indultos

El Gobierno de España da portazo a la petición de acceder a los expedientes completos que justifican los indultos a los presos catalanes condenados por el Tribunal Supremo. A una petición de OKDIARIO a través del Portal de Transparencia, el Ministerio de Justicia alega que hay «circunstancias personales, familiares y sociales, así como datos de ilícitos penales que no se pueden divulgar sin contar con el consentimiento expreso de los afectados».

El Ministerio de Justicia usa una única hoja para despachar la petición de este periódico. «El artículo 15 de la Ley de Transparencia configura la protección de datos personales como un límite al acceso a la información pública», indican.

El proceder habitual en este tipo de peticiones de información que afectan a terceros es consultar a esas personas para saber si dan su aprobación o no a difundir la documentación oficial. Sin embargo, en este caso no consultan a los condenados sobre si están dispuestos a que se hagan públicos los informes con los que el Gobierno justifica los indultos. Se trata de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell y Jordi Cuixart.

Justicia se agarra a varios artículos de la Ley Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales de 2018 y de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 para denegar el acceso a esta información.

OKDIARIO ha decidido, por tanto, reclamar la resolución de Justicia ante el Consejo de la Transparencia para ver qué opinan al respecto los expertos que velan por el cumplimiento de la Ley de Transparencia. En anteriores ocasiones, este órgano oficial ha instado al Gobierno a cumplir la Ley y proceder a abrir un plazo de audiencia para alegaciones a los afectados para conocer su postura, en este caso, la de los políticos indultados.

Protección a los golpistas

Cuando se aprobaron en Consejo de Ministros, ya el Ejecutivo de Pedro Sánchez adelantó que no iba a difundir ningún documento para proteger a los indultados. Ahora, Moncloa pone negro sobre blanco que, efectivamente, en el plano de la Transparencia también quieren resguardar a los golpistas. En lugar de arrojar luz sobre los motivos que justifican estos indultos para que los españoles entiendan las razones de esta medida de gracia, el Gobierno impone el cerrojazo informativo.

Este diario quería acceder a «los expedientes completos de los indultos concedidos a los líderes independentistas catalanes otorgados en las últimas semanas». «Se solicita copia de los informes de la Abogacía del Estado, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo de Estado y de otras instituciones a las que se haya consultado. También solicito el expediente completo aprobado en Consejo de Ministros y el acta de aquella sesión»,  recogía en concreto la petición cursada. Sin embargo, el Gobierno, que hace gala de tener la transparencia por bandera, impone la total opacidad.

Recursos

Las miradas están fijadas ahora en el Tribunal Supremo. El Partido Popular y Vox han recurrido a este Alto Tribunal los indultos. Pablo Casado anunció el recurso en el Congreso frente a Sánchez. Le instó a dimitir y convocar elecciones: «Es usted presidente gracias a todos los que quieren destruirla, no se puede caer más bajo. Dimita y convoque elecciones, sólo así podrá, quizás, indultarle la historia», aseveró.

El presidente socialista había afirmado que «la vía judicial no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Cataluña». Ante esto, el líder del Partido Popular recordó a Sánchez que el informe del Supremo calificó los indultos de «inaceptables» y destacó que no existía la mínima prueba de arrepentimiento por parte de los condenados y sí una clara intención de reincidir.

Del mismo modo, Vox solicitó al Tribunal Supremo que suspenda los indultos otorgados por el Gobierno de Pedro Sánchez a los golpistas del procés. La tercera fuerza del país, parte personada en el juicio del 1-O, registró nueve recursos al respecto, uno por cada condenado que ha recibido la medida de gracia del Ejecutivo de PSOE-Podemos en contra de la posición del Alto Tribunal.

La formación de Santiago Abascal reclama la suspensión de estos perdones políticos para garantizar la «supervivencia del propio Estado constitucional». Vox basó buena parte de su argumentación en el informe de la Fiscalía del Supremo contrario a los indultos y subrayó que la «inejecución» de la sentencia del Alto Tribunal por el golpe del 1 de octubre de 2017 «afectará de manera irreversible al núcleo esencial del Estado democrático».