El Gobierno abrirá en La Haya la vía para que los crímenes del franquismo no prescriban

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 06/11/2018 02:24
  • Actualizado: 06/11/2018 09:11

El Gobierno de Pedro Sánchez defenderá en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que los crímenes del franquismo no prescriben, lo que puede abrir la puerta a un aluvión de denuncias de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. El Ejecutivo socialista opta por explorar esta vía, al considerarla más útil que la ratificación de la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1968 y que entró en vigor de 1970.

Esa convención no fue ratificada tampoco durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -pese a que figuraba entre sus compromisos- ni durante el mandato de Mariano Rajoy, cuando se consideró que podría plantear «serias dudas» de constitucionalidad.

Hasta el momento, España ha defendido ante los foros internacionales que la investigación penal de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo no tienen cabida en el ordenamiento jurídico por tratarse de delitos ya prescritos, que, además, quedaron absueltos por la Ley de Amnistía de 1977 -aprobada con una amplia mayoría de partidos, entre ellos, el PSOE, PCE y los nacionalistas vascos y catalanes- por la que se declaró la extinción de «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día quince de diciembre de mil novecientos setenta y seis».

El Gobierno defiende que «la lucha contra los crímenes atroces debe hacerse sin limitación alguna en el tiempo», lo que liquida la Ley de Amnistía de 1977

Ahora, o al menos de momento, el Ejecutivo socialista vuelve a aparcar esa adhesión -que se le reclama desde Podemos- y que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se comprometió a estudiar. Lo que no significa que el Gobierno no busque nuevas soluciones.

«Sin limitación en el tiempo»

La fórmula, según fuentes gubernamentales, es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, firmado en 1998 -y ratificado ese año por España- y que establece ya en su preámbulo que «los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional (…) no deben quedar sin castigo (…)». El mismo Estatuto considera como crimen contra la humanidad o de lesa humanidad los delitos de asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos o de orientación sexual.

En una reciente respuesta parlamentaria a una pregunta del senador de Podemos Joan Comorera, sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, el Gobierno defiende que «la lucha contra los crímenes atroces debe hacerse sin limitación alguna en el tiempo», y reitera, en este ámbito, la preeminencia del Estatuto de Roma sobre la Convención de Naciones Unidas.

El Gobierno quiere promover la cooperación internacional para que «las víctimas se vean resarcidas»

«En el ámbito de la justicia penal internacional, el Estatuto de Roma es el instrumento jurídico clave, pues cuenta con 124 Estados parte. Por ello, el Gobierno está plenamente comprometido en reforzar la cooperación con la Corte para su mayor eficacia», sostiene el Ejecutivo.

El Gobierno considera además que la adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968 «poco aportaría en ese sentido», y destaca que, entre sus 55 firmantes, «no está ninguno de los países más cercanos, jurídica, política y socialmente de España, como Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Portugal».

«El derecho de las víctimas a ser resarcidas»

El Gobierno socialista avanza así su intención de aprovechar su representación ante la Corte Penal Internacional -como la Red Informal Ministerial, compuesta por los ministros de Asuntos Exteriores de 35 países, entre ellos España- para avanzar en «el compromiso con el sistema de justicia universal, así como con las víctimas» para que «vean reconocido su derecho a ser resarcidas».  

«En dicho espacio, se abogará que la mejor manera de defender la legitimidad de la CPI como instrumento para perseguir estos crímenes es trabajando hacia la universalización del Estatuto de Roma», se añade, en la misma respuesta.

Tratado para la asistencia legal y extradición

Por otro lado, el Ejecutivo aprovechará además su representación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas -del que España formará parte hasta 2020- para promover un tratado multilateral de asistencia legal mutua y extradición para el enjuiciamiento en el ámbito nacional de los crímenes internacionales más graves: crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

«Se trata de una iniciativa complementaria al Estatuto de Roma. Se ha recorrido mucho desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma en la persecución de los crímenes internacionales más atroces. Para España, seguir avanzando en el refuerzo y universalidad del Estatuto de Roma, así como en aquellos instrumentos complementarios, es la gran prioridad», añade el Ejecutivo socialista.

Hace unos días, la Audiencia Nacional rechazó la pretensión de la jueza argentina María Servini de desplazarse al Estado español para tomar declaración al exministro Rodolfo Martín Villa dentro de su investigación por los crímenes del franquismo, entre ellos los conocidos como sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Martín Villa es investigado por cinco muertes durante una concentración de trabajadores cuando él era ministro de Relaciones Sindicales.

En el auto, el juez José de la Mata argumenta, entre otros motivos, que según la legislación española los delitos que le atribuye habrían prescrito y, además, admitir la comisión rogatoria vulneraría la ley de Amnistía de 1977.