La ley de Memoria Histórica vigente no permite a Sánchez vetar el entierro de Franco en La Almudena

La vigente Ley de Memoria Histórica, aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero, no habilita al Gobierno para evitar que los restos de Francisco Franco reposen en La Almudena. La citada ley es el instrumento al que ahora apela el Ejecutivo socialista para impedir la inhumación del dictador en la catedral, en el centro de Madrid, al considerar que podría convertirse en un lugar de peregrinación.

El Gobierno considera que, en este caso, serían de aplicación los artículos 15 y 16 de la Ley de Memoria Histórica, además del preámbulo del Real Decreto de 24 de agosto para la exhumación de los restos de Francisco Franco, referidos a la prohibición de la exaltación del franquismo. Sin embargo, se trata de una interpretación forzada e interesada por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. 

En la exposición de motivos de la Ley de Memoria Histórica se explica que se establecen una serie de medidas con el objetivo de «evitar toda exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura» porque consideran que «los símbolos públicos» deben ser «ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa o agravio».

La ley de Memoria Histórica no afecta a las «menciones de estricto recuerdo privado y sin exaltación de los enfrentados»

El artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica determina que «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».

Sin embargo, se precisa a continuación, el mencionado artículo no será de aplicación a las «menciones de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados». Ése sería el caso de la inhumación de Franco en La Almudena, donde la familia dispone de cuatro tumbas con derecho de inhumación perpetua. Dos de ellas están ya ocupadas: una por la hija del dictador, Carmen Franco, y otra por su marido, Cristóbal Martínez-Bordiú.

Tras conocerse los planes del Gobierno para exhumar a Franco del Valle de los Caídos, la familia Franco emitió un comunicado en el que manifestó sus argumentos contra el Real Decreto del Ejecutivo, y alegó que, en caso de ser exhumado, su deseo era que los restos fuesen enterrados en la cripta de la catedral.

Tampoco sería de aplicación el artículo 16, que se refiere, en concreto, al Valle de los Caídos, que «se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos». En ningún lugar del espacio «podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo», añade. Es decir, en ningún momento se considera extensible esa consideración a la catedral de La Almudena.

Ninguna ley habilita actualmente al Gobierno a impedir una inhumación en un espacio privado como sería la cripta familiar en La Almudena

Lo mismo ocurre con el preámbulo del Real Decreto aprobado el pasado mes de agosto por el que se modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007 para dar amparo legal a la salida de los restos de Franco del Valle de los Caídos. También en este caso, la única referencia es el Valle que, considera el Gobierno, «dificulta el cumplimiento efectivo del mandato legal de no exaltación del franquismo».

En conclusión, ninguna ley habilita actualmente al Gobierno a impedir una inhumación en un espacio privado -como sería la cripta familiar en la catedral de La Almudena- y sin exaltación alguna de la Guerra Civil ni del franquismo. Y lo relativo a la tumba del dictador sólo es aplicable, hoy por hoy, al Valle de los Caídos.

La vicepresidenta, Carmen Calvo, negó este miércoles sentirse desautorizada por el Vaticano, después de que, ayer, la Santa Sede emitiese un comunicado en el que negaba haber rechazado que Franco fuese enterrado en La Almudena. Calvo aseguró este martes que el Gobierno y la Iglesia habían acordado trabajar juntos para «encontrar una salida» a esta situación que, «obviamente», dijo, no puede pasar por que los restos del dictador acaben la cripta de la catedral madrileña de La Almudena.

En defensa de Calvo ha salido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien considera que la vicepresidenta se ha expresado «con mucha claridad» a este respecto.