García Ortiz rabia ante el juez contra los medios que informan de su caso: «Tengo derecho a la intimidad»

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 03/02/2025 17:26
  • Actualizado: 03/02/2025 19:07

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rabia contra los medios de comunicación que informan sobre su imputación por revelación de secretos tras informar él sobre el caso del novio de Ayuso, Alberto González Amador. «Tengo derecho a la intimidad», ha explicado en un escrito de 20 páginas en el que solicitaba al juez que se tomasen medidas para evitar filtraciones sobre su caso. El número 1 del Ministerio Público ponía la diana en las acusaciones populares a quienes les acusaba de dar información sobre su causa especial y pedía al juez que les multase.

Álvaro García Ortiz, a través de su defensa ejercida por la Abogacía del Estado, ha presentado un contundente escrito ante el Tribunal Supremo denunciando múltiples vulneraciones de derechos fundamentales en su procedimiento. El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, alerta sobre la construcción de un «juicio paralelo» en los medios de comunicación y filtraciones sistemáticas que están comprometiendo el derecho a un proceso justo.

«Se está desarrollando un juicio paralelo en los medios de comunicación desarrollado al menos con la colaboración de las acusaciones particular y populares, así como la difusión pública de los criterios incriminatorios que las partes acusadoras particular y populares van realizando implican una vulneración de esas garantías, y singularmente el derecho a la presunción de inocencia, y comprometen la equidad del proceso penal», esgrime su defensa. 

«Parcial y sesgada»

Álvaro García Ortiz también señala en su escrito remitido al juez que las diferentes acusaciones están realizando una difusión «parcial y sesgada» de información reservada. Para ello, pone ejemplos de que distintas resoluciones judiciales acordadas por el juez han sido publicadas en distintos medios de comunicación.

Álvaro García Ortiz denuncia que estas filtraciones incluían menciones sobre «el reproche del instructor a la teniente fiscal del Tribunal Supremo» y valoraciones. El documento esgrime que se está trasladando a la opinión pública una convicción prematura de culpabilidad, cuando lo que se investiga es «el desarrollo de las funciones legítimas del Ministerio Fiscal de informar objetivamente a la opinión pública ante inexactitudes que cuestionaban la regularidad del proceso penal».

Datos de Álvaro García Ortiz

La Abogacía del Estado también relata al juez que la reciente filtración de datos personales sensibles del fiscal general, como números de teléfono e identificadores IMSI de sus dispositivos móviles, fueron difundidos tras ser notificados a las partes. Esta difusión constituye, según el escrito, «una brecha de seguridad en la necesaria protección de datos que podría facilitar incluso actuaciones de suplantación».

El escrito concluye advirtiendo que la falta de medidas contra este juicio paralelo podría afectar a la apariencia de imparcialidad del proceso, al permitir la publicación de «supuestos o reales estados de opinión pública» que pueden influir en las decisiones judiciales. La defensa de Álvaro García Ortiz sostiene que con todo esto compromete gravemente el derecho a un proceso con todas las garantías y la presunción de inocencia del fiscal general.

Medidas urgentes

El Estado solicita la apertura de una pieza separada para investigar estas filtraciones y aplicar las sanciones previstas en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Además, pide la revisión de la decisión de mantener separadas a las acusaciones populares, argumentando que sus actuaciones constituyen «un abuso en el ejercicio de su derecho como acusación».

La Abogacía del Estado también solicita medidas urgentes para evitar nuevas vulneraciones y proteger los derechos fundamentales del investigado, incluyendo la anonimización de datos personales y la adopción de medidas que impidan nuevas filtraciones. También pide que se informe a la autoridad de protección de datos del CGPJ sobre la brecha de seguridad producida.

El juez ha considerado que no ha lugar a ninguna de estas peticiones. El instructor Ángel Hurtado lo descarta, pero deduce testimonio para su remisión a los juzgados competentes, al entender que, «si de indagación de filtraciones se trata, y puesto que, en determinados casos, no es descartable una presumible relevancia penal, lo procedente es que la investigación que se lleve a cabo lo sea por un juzgado de instrucción, no mediante la apertura de pieza separada».

El magistrado también ha recordado que ya se han tomado medidas para evitar filtraciones como retirar los teléfonos móviles a las partes durante las declaraciones o no dar traslado de las grabaciones de los interrogatorios a las partes.