La Fundación Franco denuncia que el Gobierno se inventa un trámite para avalar su veto a La Almudena

La Fundación Franco denuncia que se trata de un trámite no previsto en el propio decreto con el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la exhumación del dictador y supone, en su consideración, una irregularidad más en el proceso.

«En contra del procedimiento que el propio gobierno reguló vía decretazo -que se autorreguló para “asegurar” la exhumación- la instructora del expediente no sólo deniega las pruebas solicitadas por las partes interesadas, entre ellas esta Fundación, sino que se inventa un nuevo trámite de otro dócil al Gobierno: el delegado del Gobierno de Madrid», firma la Fundación en un comunicado.

Destacan que se trata de un procedimiento «no contemplado en la disposición adicional sexta bis de la Ley 52/2007  tras la modificación por el Real Decreto-ley 10/2018». Pese a ello, denuncian, se ha emitido un informe «a solicitud de la instructora y sin dar cuenta a los interesados -ni antes ni después de haberlo realizado-, de lo que se ha hecho eco la prensa en el que -¿adivinan qué?- “desaconseja la inhumación de Francisco Franco en la cripta de la Catedral de La Almudena”.

Desde la Fundación instan a la instructora a comunicarles «las razones de esta solicitud de informe y las razones de ocultarnos tal diligencia, no prevista en el procedimiento de exhumación».

Esta Fundación «quiere comunicar, una vez más, la grave transgresión al Estado de Derecho que está llevando el Gobierno en su obstinada lucha contra lo que significa para la Paz y la Reconciliación ese lugar de oración que es el Valle de los Caídos», dicen en la nota.

«Pocas cosas más nos puede sorprender sobre la parcialidad y tramposa actuación que está llevando a cabo la instructora del expediente de exhumación del Generalísimo Francisco Franco, Cristina Latorre Sancho, en su condición de Subsecretaria de Justicia -órgano político, que no técnico- a las órdenes del Gobierno para proceder a su exhumación», añaden.

Los herederos de Franco, que se han opuesto a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, han expresado su deseo de que, si finalmente se produce la exhumación, sea enterrado en la sepultura que posee la familia en la cripta de La Almudena.

El informe de doce páginas alega que problemas de seguridad y orden público obligarían a la Delegación a actuar. Actuaciones que, paradójicamente, dicen, provocarían una «limitación significativa» de derechos fundamentales, y en concreto los de integridad física y moral, libertad religiosa, libertad y seguridad y manifestación y reunión.

La Delegación del Gobierno argumenta que la cripta de La Almudena no podría absorber el elevado volumen de visitas que atraería la sepultura, incrementado por su carácter céntrico y bien comunicado, y que se sumaría a la presencia habitual de turistas en la zona.